La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada recientemente en el Senado, dotó a la dependencia que sustituirá a la PGR de una nueva estructura, en la que sobresalen la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Derechos Humanos y la posibilidad de crear otras para trata de personas, niños, adolescentes y mujeres.

El tema desató un acalorado debate, la madrugada del viernes en que esa ley fue aprobada, ya que senadoras de PAN y PRI advirtieron que se había dejado fuera a la fiscalía para delitos contra las mujeres, que está ahora en el organigrama de la PGR, y reclamaron a Morena por ello.

La senadora Olga Sánchez Cordero respondió que en el artículo 14 de esa ley se contempla la fiscalía de los derechos humanos de las mujeres y otras fiscalías para niños y adolescentes, para trata de personas que tampoco existía, de desaparición forzada, de desaparición cometida por particulares, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación de tortura y todas las fiscalías, órganos, unidades que determine el fiscal.

Las panistas Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, así como la priísta Claudia Anaya, insistieron en que se estableciera en ese ar­tículo 14 la creación de una fiscalía especializada para investigar crímenes contra mujeres.

De nuevo Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación y autora de esa Ley Orgánica de la Fiscalía General, expuso en tribuna que no sólo se incluye una fiscalía que proteja los derechos humanos de las mujeres, sino que por primera vez en la historia se está contemplando una fiscalía de niñas, niños y adolescentes como no había habido nunca.

Reveló que durante la redacción de la iniciativa, hubo oposición a incorporar una fiscalía para mujeres por el fracaso en que ha operado la PGR, pero se impuso y quedó en la ley.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca (Morena), insistió en que ese artículo 14 da la facultad al próximo fiscal general de crear las fiscalías que se requieran y aun comisiones de la verdad.

Respecto de las críticas de PRI y PAN, que votaron contra esa ley reglamentaria ya que consideraron que debió modificarse el ar­tículo 102 constitucional para dar autonomía e independencia plena al fiscal, respondió que fueron PRI y PAN los que aprobaron, en la pasada legislatura, esa reforma que ahora pretenden revertir.

Hizo notar que, de todas formas, en la ley aprobada, se establece un plazo de un año para valorar la posibilidad de emprender modificaciones constitucionales.