En una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que pretende incluir la figura de parlamento abierto, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca mantener la presidencia de los principales órganos de dirección, la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva en ambos recintos legislativos.

Desde el primero de septiembre, Morena preside la junta y la mesa en la Cámara y en el Senado, y en una iniciativa que presentó ayer, la cual se turnó a comisiones, plantea agregar al artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso que un solo partido no podrá tener ambos cargos, salvo cuando exista mayoría absoluta de algún grupo parlamentario.

También pretende regular la entrega de recursos a las bancadas, que ya se realiza con la figura de subvenciones, y que han sido manejadas por los coordinadores de éstas con discrecionalidad. Hasta la anterior legislatura, para comprobar el ejercicio de esos fondos era suficiente con la firma del coordinador.

La propuesta refiere que en 2014, la 62 Legislatura de la Cámara de Diputados “registró un total de subvenciones de 4 mil 706 millones 609 mil 13 pesos… la única partida de gasto cameral de la que no se rinden cuentas”.

Para hacer el contraste de lo que representan las subvenciones a los grupos parlamentarios, Morena detalló que en ese mismo año, los egresos a comprobar en San Lázaro ascendieron a 3 mil 901 millones 502 mil 160 pesos.

Al respecto, la iniciativa plantea que el monto de dichas subvenciones deberá ser público, además de otorgarse a partir de los principios de máxima publicidad y austeridad. Además, las subvenciones o cualquier recurso adicional otorgado a los grupos parlamentarios deberán ser plenamente comprobados.

También se busca dejar explícito que las sesiones de las comisiones ordinarias sean públicas, porque actualmente los presidentes de esos grupos de trabajo, e incluso funcionarios que comparecen, pueden solicitar que sean privadas.

Se considera que la figura de parlamento abierto puede ejercerse mediante la participación ciudadana y que, en el caso de las comisiones, ello implica que éstas puedan convocar consultas, audiencias y mesas de trabajo, así como a especialistas o representantes de grupos sociales que se vean afectados por reformas o nuevas leyes.