El Senado modificó en comisiones la minuta en materia de extinción de dominio que le envió la Cámara de Diputados. A petición del PRI, en el artículo 22 constitucional precisó que toda persona afectada podrá acceder a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.

El catálogo de delitos a que se puede aplicar la acción de extinción de dominio señalaba que será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y actos ilícitos en materia de hidrocarburos; también fue modificado a propuesta del PRD y se le añadió el robo de petrolíferos y petroquímicos (el huachicol).

Los cambios precisan que el procedimiento es sobre derechos reales o bienes incorporados al patrimonio de una persona, no sobre su eventual participación o responsabilidad en la comisión de ilícitos, sea para obtener el bien o para utilizarlo en actividades delictivas.

Claudia Ruiz Massieu (PRI) explicó que “al establecer este procedimiento de materia civil, cambiamos ese estándar al no tener que entrar a demostrar culpabilidad, de tal manera que si el Ministerio Público tiene elementos para presumir la procedencia ilegítima de un bien, el titular de ese bien únicamente debe probar su origen legítimo y ya no entrar al tema de la culpabilidad.

Creo que este cambio de estándar probatorio, al desvincular totalmente del procedimiento penal, hace que la figura sea más operativa y eficaz para inmovilizar los recursos y las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada, que es finalmente el objetivo que todos compartimos, descató.

El coordinador de los senadores del PAN, Damián Zepeda, manifestó: “estamos por hacer algo que va a sonar bonito y no servirá. Regresamos a algo que se parece muchísimo más a lo que está vigente. Hay un mercado estimado de 50 mil millones de dólares al año del crimen organizado. ¿Cuánto recuperó en los últimos seis años el gobierno?, 17 millones de dólares con la figura de extinción de dominio. Eso quiere decir que no sirve como está redactada.

El PAN va a insistir en el pleno en que la figura de extinción de dominio sea ágil, que verdaderamente sirva para quitar los bines y el patrimonio a quienes los han adquirido mediante corrupción y delincuencia, y que no sea el Estado el que tenga que probar que el bien es de origen ilícito. Y sin cambios, se aprobó el artículo 73 de la Constitución, por el que se faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia de extinción de dominio.

El dictamen se aprobó por unanimidad en comisiones y se votará en el pleno el próximo martes, luego de lo cual se devolverá a la colegisladora con cambios al artículo 22 de la Carta Magna.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), manifestó en la reunión de comisiones que en el pleno, votarán junto con el PAN otra modificación al dictamen, para que el procedimiento de extinción de dominio sea imprescriptible, postura que no apoyan PRI ni PRD.