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Persiste crisis en materia de respeto a las garantías individuales, advierten organismos no gubernamentales
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de noviembre de 2018, p. 6

En México persiste una situación de crisis de derechos humanos por factores como las agresiones y asesinatos contra activistas y comunicadores, la violencia estructural en contra de las mujeres y la falta de castigo a los perpetradores de dichos crímenes, alertaron diversas organizaciones civiles agrupadas en el #ColectivoEPUmx.

Luego de que ayer se llevó a cabo la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se examinó a México en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), el mencionado colectivo subrayó que los niveles de impunidad, corrupción y violencia en el país siguen siendo preocupantes.

Durante la audiencia realizada en Ginebra, Suiza, los representantes de Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega destacaron en sus recomendaciones la necesidad de que haya esfuerzos nacionales, pero también ayuda internacional para combatir la impunidad en México.

El #ColectivoEPUmx –integrado por 245 organizaciones de la sociedad civil– subrayó que desde el final del segundo ciclo del EPU (en 2013), en México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos por un marco jurídico que favorece la impunidad, debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos.

Por su parte, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, coincidió en señalar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado lo que desde la sociedad civil hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo: a pesar de los avances legislativos, éstos no se traducen en cambios reales para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos en el país, especialmente aquellas referidas a desaparición y tortura.

Acciones insuficentes

El informe presentado por México en el EPU de 2018 “muestra que las medidas adoptadas por la administración saliente han sido claramente insuficientes para transformar la realidad que afronta el país. Problemas ya señalados en 2009 y 2013 en ediciones anteriores del EPU, como la falta de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siguen siendo focos rojos de atención a escala internacional”, añadió.

De igual forma, Reneaum subrayó que si el gobierno entrante realmente se toma en serio los derechos humanos, debe trazar una agenda de trabajo para implementar totalmente las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas. En el periodo de transición política, estas recomendaciones constituyen un punto de partida para revertir la crisis actual.