México enfrenta una tasa de impunidad lastimosamente alta frente a serios retos en materia de derechos humanos, reconoció el gobierno federal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la Tercera Revisión de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, la delegación de funcionarios del gobierno –encabezados por el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas– reconocieron retos considerables por casos de tortura, desaparición forzada, violencia en contra de periodistas y defensores de las garantías individuales, discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad lésbico gay y trata de personas, entre otros.

Frente a una tasa de impunidad lastimosamente alta, se exige a los servidores públicos de los tres poderes y los tres niveles de gobierno fortalecer esfuerzos, expresó el funcionario de la cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas.

Preocupación internacional

En este contexto y ante la preocupación internacional por la Ley de Seguridad Interior, que regula la intervención de las fuerzas armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, defendió este marco legal al afirmar que respeta los criterios emitidos en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Afirmó que, no obstante, el presidente de la República Mexicana se abstendrá de emitir cualquier declaratoria sustentada en esta ley hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva y se pronuncie sobre la constitucionalidad y respeto a los derechos humanos de este ordenamiento.

Más de una centena de los países miembro de la ONU tomaron la palabra durante la sesión –transmitida por el canal digital de Naciones Unidas– para lanzar diversos cuestionamientos y recomendaciones a México.

Naciones como Estados Unidos, Australia y Suiza, entre otras, coincidieron en la necesidad de fortalecer los sistemas para prevenir agresiones en contra de los periodistas y defensores; luchar en contra de la desaparición forzada y la impunidad por violaciones a las garantías fundamentales. Asimismo, pusieron sobre la mesa la necesidad de dar respuesta a casos como la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el caso Tlatlaya.

Avante Juárez detalló que desde 2012 nuestro país cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual ha brindado protección a lo largo de seis años a mil 30 personas, y ha implementando para ello más de 5 mil medidas.

Pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar que continúan cometiéndose homicidios en contra de estas personas, tres de los cuales eran beneficiarios de este mecanismo. El esfuerzo, aunque destacado, debe profundizarse, señaló Rafael Avante Juárez.

En materia de desaparición forzada, Ricardo Sánchez, de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la fiscalía especializada en estos casos ha emitido 43 sentencias por este delito.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera, comunicó que hay 37 mil 435 personas desaparecidas en nuestro país.

El informe del grupo de trabajo del Examen Periódico Universal con las recomendaciones a México formuladas ayer, se aprobará el viernes 9 de noviembre.