Madrid. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo concluyó que ni el líder de la izquierda nacionalista vasca, Arnaldo Otegi, ni cuatro dirigentes más que fueron juzgados y condenados en el caso Bateragune, tuvieron un juicio justo con las debidas garantías.

Todos ellos fueron condenados en 2011 a largas penas de cárcel que ya cumplieron, acusados de haber intentado reconstruir el aparato político del grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA, disuelto en mayo pasado). Con esta resolución se abre la puerta para que se anule la condena de inhabilitación hasta 2021 impuesta a Otegi, quien señaló que con esta sentencia España queda retratada como lo que es: un Estado antidemocrático.

El caso Bateragune lo asumió en octubre de 2009 el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien ordenó la detención de Otegi y seis personas más: Jacinto García, Rafa Díez Usabiaba, Rufi Exteberria, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto.

En aquella época, la situación política en el País Vasco estaba muy agitada, pero un grupo de destacados líderes vascos encabezados por Otegi decidieron iniciar un proceso para que la izquierda abertzale renunciara de forma explícita al uso de la violencia y se abriera así el camino para la disolución de ETA. Un objetivo que se lograría años después y para lo que la labor de Otegi y sus compañeros de partido fue crucial.

Pero el ex juez Garzón –inhabilitado por mala praxis en un caso de corrupción política– decidió enviar a prisión a los líderes vascos detenidos, a quienes acusó de tratar de reconstruir la Mesa Nacional de Batasuna, que había sido proscrita años antes.

Los líderes vascos fueron condenados por la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo confirmó su condena, aunque rebajó ligeramente las penas. Lo que hizo inevitable el encarcelamiento de Otegi por seis años y medio.

Ahora, el máximo tribunal en materia de derechos humanos de Europa da la razón a los abogados de Otegi y los otros acusados, y dice que el tribunal que ratificó su condena mostró parcialidad, sobre todo la juez Ángela Murillo.

La sentencia europea también señala la parcialidad del entonces presidente del Tribunal Constitucional –quien ratificó la condena– Francisco Pérez de los Cobos, quien militó en el derechista Partido Popular.

La sentencia dictada ahora no impone multas ni ninguna otra medida contra España, pues ya existe legislación interna sobre cómo deben aplicarse las sentencias de Estrasburgo. Además, se estableció en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que contempla la interposición de un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo. Esto supone que Otegi puede reclamar ese derecho y que, a pesar de que cumplió íntegra su condena de cárcel, podría lograr la anulación de su condena de inhabilitación para ocupar un cargo público hasta 2021.

Tras conocer la sentencia, Otegi publicó un mensaje en las redes sociales: Mintieron, construyeron una acusación falsa, nos encarcelaron, cumplimos la condena... Nos encerraron por construir una estrategia pacífica. Hoy su gran mentira queda al descubierto. Nuestra sonrisa es más amplia y España queda retratada como lo que es: un Estado antidemocrático.

Jone Goirizelaia, abogada vasca que presentó el recurso, explicó que la sentencia demuestra que hay jueces que no son imparciales y que la justicia se politiza.

El fallo estima nuestro recurso por no haberse respetado el derecho a un juicio justo, lo cual nos produce satisfacción, porque se repara en cierta medida todo lo sucedido, pero el tiempo que pasaron en prisión no podrá ser reparado”.

Joseba Egibar, histórico líder del Partido Nacionalista Vasco, expresó: Sabíamos que eran inocentes desde el primer momento, ya que su caso fue una venganza política impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba (ex ministro del Interior). Fueron juzgados por un impulso político y han cumplido penas de cárcel.

La sentencia también se celebró en el independentismo catalán, que la entendió como una muestra más del desprestigio internacional de la judicatura española. Carles Puigdemont, ex presidente catalán fugado a Bélgica desde el año pasado, señaló: otra sentencia contra España por violar derechos fundamentales en una democracia. España no puede garantizar juicios justos. ¿Qué más se necesita para que Europa se dé cuenta de que hay un problema con la justicia española?