Relevo en el TSJ // Urge sangre nueva
ntes de que termine esta semana el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta ciudad, cuando menos en teoría, deberá estrenar nuevo presidente, y decimos nuevo porque, según la Constitución Política de la capital del país, la relección de quien ostenta hoy el cargo está prohibida.
Claro que hay aves que arriban desde otros continentes para tratar de burlar las leyes, que les importan muy poco, y tratan de someter a un organismo tan importante a sus intereses y caprichos, lo que esta vez, cuando menos esta vez y en el gobierno que entra, no sucederá.
La confrontación está muy definida: por un lado, el grupo que amaga con la relección de Álvaro Augusto Pérez Juárez, con la que busca llamar la atención para tratar de colar a Manuel Díaz Infante, priísta anclado no sólo en el tricolor fervor, sino montado ahora en los intereses de quienes no quieren abandonar los beneficios del manejo de un organismo como el tribunal.
Por el otro, el magistrado Rafael Guerra, quien ya disputó la presidencia hace tres años a Édgar Elías Azar, tiene ahora la simpatía de la mitad de sus compañeros asegurada, pero además es reconocido en el ámbito del equipo de Andrés Manuel López Obrador, dado que fue uno de los abogados que tomaron su defensa en aquel episodio del desafuero.
Guerra ha ido caminando en sigilo, pero no a escondidas, porque al contrario de sus oponentes, nos cuentan en el tribunal, no ha querido engañar; su trabajo, sus querencias, su forma de pensar son transparentes. Se niega, afirman, a deslindarse de los vínculos ideológicos que lo unen con el equipo de Claudia Sheinbaum, y tampoco reniega de la amistad que sostiene con la próxima secretaria de Gobierno de la Ciudad del México, Rosa Icela Rodríguez, desde hace muchos años, aunque esas condiciones sean los ataques en su contra.
Guerra, sostienen en el tribunal, debe ser uno de los factores de cambio que se exigen al nuevo gobierno, porque las razones de su posible arribo a la presidencia del organismo no tienen que ver con sus relaciones afectivas, ni siquiera ideológicas, sino con la necesaria transformación del sistema de justicia, que hoy se halla pervertido por los intereses a los que se le sometió en los años recientes.
Ya veremos qué sucede en el tribunal, pero lo que no puede pasar es que nada ocurra.
De pasadita
Nadie sabe qué pasó con aquel hallazgo de la contraloría interna de Magdalena Contreras, otrora delegación donde se advertía del manejo dudoso, por decirlo de alguna manera, de cerca de 10 millones de pesos en la gestión de Leticia Quezada, y de cuando menos una decena de funcionarios bajo su mando.
Junto con los funcionarios se involucró a empresas como Producción Audio Video Iluminación, que cobró más de un millón de pesos por colocar lonas en la explanada del edificio central de la delegación, o los 2 millones que se pagaron a Comercial Hermanos Martínez por un trabajo que al parecer nunca se realizó, o los bienes que presuntamente nunca se suministraron y por los que se pagaron más de 5 millones y medio de pesos. Los funcionarios involucrados en el asunto, además de Leticia Quezada, son Félix Arturo Medina Padilla, Francisco Medina Padilla y José Luis Rodríguez Díaz de León, entre otros, quienes son citados en la investigación, pero, claro, sin hacerlos directamente responsables. Por eso, y antes de que otra cosa ocurra, hay que saber dónde pararon las pesquisas, para que no haya malos entendidos.
