Con el fin de mandar un claro mensaje de que la lucha contra la corrupción en esta nueva época va en serio, comenzando por el servicio público, Morena en el Congreso capitalino elaboró una iniciativa de reforma que incrementa las sanciones previstas para delitos como uso ilegal de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, coalición de funcionarios, intimidación, abandono y negación del servicio público.

La iniciativa plantea, además, incrementar de froma adicional de 20 a 25 años la inhabilitación para un servidor público. Para los casos de delitos graves, la pena prevista en la norma actual aumentaría de un tercio a la mitad, y si se trata de personal de corporaciones policiacas podrá incrementarse hasta dos tercios.

El diputado Alberto Martínez Urincho explicó que la iniciativa propone crear un observatorio ciudadano contra la corrupción y la impunidad, integrado por ciudadanos de reconocido prestigio como un mecanismo de participación para evaluar el alcance y resultado de las políticas y programas públicos anticorrupción y hacer recomendaciones para llevar a mejores prácticas el servicio público, así como proponer reformas legislativas y establecer una coordinación interinstitucional y multidisciplinaria.

Entre las sanciones que modificarían, para el caso de enriquecimiento ilícito cuando el monto del lucro exceda 5 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente a 403 mil pesos a su valor vigente, la pena actual de dos a 12 años de prisión aumentaría a una mínima de ocho y una máxima de 20.

Para el delito de cohecho, cuando el monto de la dádiva solicitada no exceda las 500 UMA (40 mil 300 pesos), la pena de uno a cuatro años pasaría de tres a 10 años, y al exceder dicho monto sería de cinco a 15 años, cuando ahora es de cuatro a 12.

La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque se desvían fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos para ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y la ayuda extranjera, apuntó el legislador.