El Senado tiene listo el proyecto de dictamen de la ley que permitirá la conversión de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República, un nuevo organismo constitucional y autónomo responsable de la persecución del delito, pero también de proteger plenamente los derechos de los imputados y las víctimas.

El nuevo órgano se conforma por un fiscal general que durará nueve años en el cargo y sólo podrá ser removido por el presidente de la República por causas graves.

El dictamen incluye nuevas figuras, ente ellas una fiscalía especializada en derechos humanos y otra en combate a la corrupción, además de un comité ciudadano, integrado por cinco expertos en procuración de justicia, que podrá opinar sobre el plan de persecución criminal y otros programas que la dependencia debe elaborar.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que, según informó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca, debe estar aprobada por ambas cámaras, antes del próximo día 20, establece el pase automático del personal actual de la PGR, al nuevo órgano, ya que así se estableció en la reforma constitucional del 2014.

Habrá un período de transición, con un jefe de unidad a cargo, dado la magnitud de las modificaciones.

El fiscal general deberá presentar al Congreso un informe con el diagnóstico integral de la PGR y del presupuesto estimado para implantar los cambios organizacionales y de personal requerido.

Se establece, incluso, que el fiscal general tendrá un años de plazo para definir un plan estratégico de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, así como casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo.

En la legislación se establece que a dos años de asumido el cargo, el fiscal general podrá realizar una convocatoria pública para los cambios constitucionales y legales que requiera la dependencia a su cargo.

En la exposición de motivos del proyecto de dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, se precisa que se tomaron en cuenta las iniciativas de Morena, las de la senadora Olga Sánchez Cordero y la del perredista Juan Zepeda. La tarea no es sencilla, la estructura impuesta desde 1917, no ha podido cumplir su función como procuradora de justicia y la persecución penal, sino que ha fungido como un aparato coactivo, inadecuado y con márgenes de manipulación.

El fiscal general sería electo por el Senado a partir de una terna presentada por el Presidente de la República y sólo podrá ser removido por el Ejecutivo federal, por causas graves. Cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en esa ley y asimismo, por participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución.

El senador Menchaca comentó que, a fin de que la legislación se apruebe antes del próximo día 20, se propondrá trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados.

Es uno de los tema que se analizarán el próximo lunes, en la reunión de senadores y diputados de Morena con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, donde se revisarán las prioridades de la agenda legislativa, entre éstas las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear las secretarías de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social y el Instituto Indígenas, que deben estar listas antes del 1º de diciembre.