Al justificar la inflexibilidad en el procesamiento de las propuestas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que la designación no implica un cheque en blanco en el desempeño de quienes serán consejeros locales. Reivindicó el procedimiento vigente desde 2014 bajo la premisa de que se pretende evitar que los poderes políticos, económicos, sociales y locales no influyan indebidamente en la integración de quienes conducirán las elecciones en las respectivas entidades federativas.

Durante la designación de integrantes de los Oples de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, Morena anticipó que impugnará el acuerdo porque en muchos casos había objeciones en su trayectoria. Las consejeras Pamela San Martín y Dania Ravel criticaron varias propuestas por incumplir el perfil o por estar vinculadas a irregularidades en su desempeño en cargos anteriores, incluso por recientes nexos partidistas.

Al defender los procedimientos seguidos por el INE desde 2014 en que se instauraron, el consejero Ciro Murayama dijo que entre 2001 y 2007 la alternancia en gubernaturas era una de cada cinco, 22 por ciento; entre 2015 y 2018 es de 64 por ciento, prácticamente en dos de tres elecciones ganan las oposiciones. Eso quiere decir que la gente está utilizando su voto de manera libre y que puede utilizarlo como voto de castigo. Pero no sólo en las gubernaturas, en las elecciones a las presidencias municipales, en las que este año estuvieron en juego mil 601 alcaldías, en 970 ganó la oposición. Hay un índice de alternancia municipal de 61 por ciento.

San Martín cuestionó que no sólo se trataba de que los aspirantes cumplieran requisitos sino que realmente tuvieran un perfil idóneo. A partir de eso objetó todas las propuestas para integrar los Oples de Chihuahua y Veracruz; criticó la designación de un consejero en Durango vinculado recientemente con la Fundación Colosio y el caso más polémico el de Amílcar Sauri, titular de informática en Quintana Roo, quien estuvo involucrado en investigaciones por anomalías en su desempeño que puso en riesgo datos personales de ciudadanos.

También Ravel objetó especialmente esta designación porque esto implicaba que el INE hiciera caso omiso de lo que el propio instituto había dado vista al Órgano Interno de Control del OPLE de esa entidad, que involucraba a varios funcionarios y a él, quien con su actuación evidenciaba que el cumplimiento de ley podría ser relativo, según el caso.