Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de los Derechos Humanos determinó que en la designación de un magistrado de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa el Poder Legislativo violó los derechos de la aspirante Diana Arredondo Rodríguez a la igualdad, a la no discriminación, al trato digno y a la legalidad.

El organismo emitió la recomendación 42/2018 en la que, entre otras cosas, pide al diputado Alberto Casas Reynoso, de Movimiento Ciudadano, ofrecer un disculpa pública por los cuestionamientos que hizo a la candidata durante una entrevista, y al Congreso que reforme su Ley Orgánica para prevenir, sancionar y eliminar toda forma de discriminación y violencia política contra las mujeres por motivo de género.

La recomendación señala que se violaron los derechos de la afectada a una vida libre de discriminación, al acceso igualitario a la función pública y a ser valorada sin patrones estereotipados.

El 2 de febrero pasado la agraviada compitió por una vacante en la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa, pero durante la entrevista con integrantes de la comisión de justicia del Congreso local e integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción estatal, el diputado Casas le cuestionó su estado civil y luego señaló: ‘‘El buen juez por su casa empieza’’.

Casas (cuya gestión termina el 31 de octubre) deberá disculparse públicamente en una sesión oficial del Congreso local, en un mensaje dirigido a Diana Arredondo y extensiva a todas las ciudadanas de la entidad.

El desagravio deberá incluir la afirmación expresa del involucrado de que las autoridades del Estado están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, así como abstenerse de cometer cualquier acto de discriminación motivado por el género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las ciudadanas.

A la mesa directiva de la 61 legislatura le recomendó modificar su ley orgánica para prevenir, sancionar y eliminar toda forma de discriminación y violencia política contra las mujeres por parte de cualquier integrante de esa legislatura, así como capacitar a los diputados a fin de favorecer la perspectiva de género.