Los jóvenes rurales viven en condiciones de vulnerabilidad debido a la marginación en sus territorios y la poca atención que se les da en las políticas públicas, por lo que son proclives a caer en la miseria, en procesos de migración y en actividades delictivas. Seis de cada 10 viven en pobreza y dos de ca da 10 en pobreza extrema.

Lo anterior lo señala el Grupo Diálogo Rural México sobre el diagnóstico y consideraciones de política pública para la juventud rural del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Advierte que las condiciones de vida de la familia de origen y del territorio potencian esa marginación, mientras la falta de acceso a educación y a empleos de calidad es transmitida de manera intergeneracional.

Por lo anterior, ante la promesa del próximo gobierno federal de atender a los jóvenes, propone avanzar en políticas públicas que respondan mejor a las necesidades y aspiraciones de este sector.

En un análisis, detalla que las personas de 15 a 29 años representan 26 por ciento de la población total del país; son 31 millones: de éstos, 14 millones viven en zonas rurales. Los jóvenes del campo representa más de 60 por ciento de la población en Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo y Oaxaca.

Un hombre rural de 22 años tiene entre dos y cuatro años menos de escolaridad que su par en una comunidad urbana; la proporción de jóvenes que no asisten a la escuela ni obtienen remuneración por su trabajo es de 28 por ciento en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas. Ello se incrementa en forma notoria entre las mujeres rurales: llega a 45 por ciento.

Los jóvenes se han convertido en el grupo más afectado por el fenómeno de la violencia en el país, siendo las agresiones con arma de fuego la principal causa de muerte. En este terreno, los hombres tienen hasta tres veces más probabilidades de morir que las mujeres de la misma edad. Según estudios, hay más propensión de jóvenes provenientes de territorios rurales a caer en actividades relacionadas con el crimen organizado, indica.

Agrega que son el grupo del país con más dificultades en cuanto a inclusión económica, social y educativa. Considera que atenderlos podría terminar con siglos de generaciones que no han logrado ver mejoría en sus condiciones de vida, y con esto hacer justicia a las comunidades indígenas del país.

La atención a ese sector podría reducir la migración a centros urbanos nacionales e internacionales, fortalecería la capacidad de la población rural para su desarrollo. Su inclusión económica y social haría que participaran menos en actividades criminales y generaría resiliencia de las comunidades rurales ante la presencia de bandas criminales, indica.