l anuncio de la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador generó una explicable efervescencia entre quienes en México lo culpan de los males del país sudamericano. En muchas naciones y en diversos tipos de reuniones suele hacerse patente el rechazo a la presencia de determinados personajes públicos. No sólo en redes sociales, como sucede hasta ahora en México respecto a Maduro: también a través de manifestaciones, marchas públicas y otras formas de protesta.

Sin embargo, dos alicaídos personajes de la agazapada derecha mexicana han encabezado un forzado intento de endosar el tema de Nicolás Maduro a la cuenta política de López Obrador, a quien culpan, con tintas cargadas, de invitar al venezolano y así permitir que ofenda el suelo patrio: Vicente Fox Quesada (una especie de derecha priizada, netamente oportunista) y Felipe Calderón Hinojosa (de fuerza política en sostenido declive) han lanzado desmemoriadas ofensivas contra el tabasqueño, como si ellos mismos no hubieran aceptado, en cumplimiento de responsabilidades políticas y diplomáticas (obtenidas bajo fraude electoral, en el caso de Calderón), la convivencia y el entendimiento con personajes de filiación política similar a la que hoy atribuyen a Maduro.

La necesidad de encontrar banderas contra el obradorismo ha llevado a una apasionada corriente de esa derecha a exigir que se cancele la invitación al sucesor de Hugo Chávez, sin atender el hecho concreto de que el presidente electo decidió convocar a su toma de posesión a mandatarios representantes de países de todo el mundo y que esa práctica diplomática abre las puertas, por igual, a personajes indeseados para otras porciones de mexicanos, como Donald Trump, quien no vendrá, pero envía al vicepresidente Mike Pence, o como el rey de España, Felipe VI, en medio de la creciente oposición en ese país al monarquismo.

A la hora de redactar la presente columna no se tenían resultados oficiales de la consulta sobre el tema del aeropuerto que impulsó el presidente electo ni se había producido el mensaje dominical anunciado sobre el tema. El futuro coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, informó al final de cada uno de los tres primeros días de esa jornada de auscultación sobre el número de sufragantes en cada ocasión, sin entrar en mayores detalles. Ayer, ya a punto de cerrar las mesas receptoras de votación, redondeó en un millón el cálculo de participantes.

El laxo diseño de ese ejercicio, denominado consulta, le restó la contundencia jurídica y política que un tema de tal magnitud requeriría. Opositores al lopezobradorismo aprovecharon la oportunidad para lanzar críticas de diverso calibre y, en particular, personajes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática anunciaron que presentarán impugnaciones por la vía judicial (ya antes, como se informó en esta columna, cuatro estudiantes de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México habían solicitado a la justicia federal que se invalide la consulta en mención). En estricto sentido jurídico, el citado sondeo queda sujeto a la resolución judicial que podría llevarse un par de semanas.

Más allá del aspecto meramente procesal y del desenlace judicial que se produzca, lo importante es que el presidente electo asumirá como propio el resultado que se anuncie. Concebida como una fórmula para aminorar el costo político de la decisión a tomar sobre los aeropuertos, esa consulta permitirá a López Obrador enfrentar, con cargo a la democracia, el enojo de sus seguidores si el desenlace oficial apunta a la continuidad del proyecto de Texcoco, o de los empresarios y grandes capitalistas si fuera lo contrario y se decidiera avanzar por la ruta tripartita del actual aeropuerto capitalino, el de Toluca y dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

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