Guadalajara, Jal., El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) solicitó al Estado mexicano la reparación integral de la afectación provocada por el desastre ecológico de agosto de 2014, cuando la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, vertió 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado al arroyo Tinajas, con lo cual afectó la cuenca de los ríos Bacanuchi y Sonora.

Al concluir cinco días de audiencias públicas realizadas en la Universidad Jesuita de Jalisco (Iteso), el TLA dio veredictos sobre ocho casos que incluyeron violaciones a los derechos humanos en México, Guatemala, Colombia y Argentina.

En el caso de la contaminación causada por la minera de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, la intervención del TLA fue solicitada por comités de pobladores de municipios como Arizpe, San Felipe y Hermosillo, ante las afectaciones que, calcularon, llegan a 25 mil personas en siete municipios. Recordó que a pesar de que Grupo México se comprometió a instalar 36 plantas potabilizadoras en las poblaciones perjudicadas, sólo entregó cuatro; además, niegan a los afectados la posibilidad de demandar a la empresa responsable del daño ambiental.

Otras irregularidades, agregó, se refieren a que el fideicomiso que se constituyó para paliar el derrame calificado como el peor desastre ecológico minero en la historia del país, ha adoptado supuestas medidas de mitigación y apoyo sin contar con el consenso de los afectados.

En su deliberación, el TLA responsabilizó al Estado mexicano de promover un modelo que favorece el interés privado por encima del público, e incumple obligaciones para garantizar la protección de los derechos humanos de la población.

Recomendó desarrollar un plan integral de infraestructura hidráulica, cerrar pozos contaminados, instalar sistemas de descontaminación de agua que separen metales pesados y realizar un estudio epidemiológico en toda la cuenca con la participación libre e informada de los habitantes.