Oro Negro, empresa de servicios petroleros creada en un entorno de confianza por la reforma energética, se encuentra hoy en concurso mercantil y en medio de una disputa legal entre acreedores y accionistas que, el pasado fin de semana, derivó en acusaciones de privación ilegal de la libertad, fabricación de pruebas y un intento de apropiación de una plataforma petrolera en la zona de Campeche, en el Golfo de México, con un helicóptero y una orden judicial.

El domingo, un helicóptero privado con matrícula XA-TKM, que transportaba a un abogado y a dos agentes –uno privado y otro ministerial–, intentó aterrizar en la plataforma elevable Decus violando los protocolos de aeronáutica, denunció Alberto Zinser, abogado externo de Oro Negro, empresa mexicana que enfrenta denuncias de acreedores internacionales.

En la aeronave viajaba el apoderado legal de los acreedores, Ricardo Contreras, quien con esa estrategia planeaba aplicar la orden de un juez asentado en Ciudad de México, que obliga a la empresa a restituir cinco plataformas a los acreedores.

Una versión asegura que esa acción fue planeada para, con cinco helicópteros, tomar posesión de las cinco plataformas localizadas frente a costas de Campeche.

Sólo una aeronave voló hacia la plataforma Decus y violó los protocolos de seguridad en alta mar, porque los operadores de los aparatos tienen que dar aviso a las plataformas marinas sobre la identidad de los pasajeros.

Y en el caso del helipuerto, éste se encontraba en mantenimiento y así lo supo la autoridad aeronáutica.

La orden judicial que llevaba el abogado tiene antecedente en una decisión previa dictada por un juez en Ciudad de México, derivada de una denuncia contra Oro Negro por supuesta administración fraudulenta, al relacionarse con 16 empresas fantasma. Posteriormente, el mismo juez otorgó a los acreedores una orden de restitución de las plataformas al considerarlos ofendidos en la disputa legal.

Zinser rechazó esos vínculos y aseguró que la acción del juzgador se basó en una fabricación de pruebas. En una entrevista, expresó que las cinco plataformas tienen una resolución en la que se prohíbe la ejecución de embargo.

Guillermo Barradas, representante legal de los acreedores de Oro Negro, acusó a la compañía de privar ilegalmente de la libertad al apoderado, Ricardo Contreras, quien intentó, junto con un agente de investigación y uno de seguridad privada, cumplir el mandato judicial de restituir a los acreedores las cinco plataformas petroleras.

Contreras contactó al equipo de abogados de Barradas alrededor de las 14 horas de ayer para contar que la está pasando muy mal y que ha dormido a la intemperie desde el domingo. En un chat, el supuesto retenido expresó a Barradas que el personal de la plataforma lo está apretando como si fuera preso.

Zinser dijo que las acusaciones son totalmente falsas y subrayó que Contreras simplemente se negó a abandonar la plataforma, pese a que existe una lancha para llevarlo a otro sitio. Además, apuntó, tan no está retenido, que el agente ministerial que lo acompañó decidió abandonar la plataforma.

Oro Negro fue fundada en 2012 con el objetivo de aprovechar los beneficios de la reforma energética, en ese entonces en proceso de discusión. La compañía rentó a Petróleos Mexicanos cinco plataformas para operaciones de perforación en el Golfo de México, pero debido a la caída en los precios del crudo esos contratos fueron cancelados.

La compañía enfrenta un periodo de insolvencia que podría durar un año, lo cual dificulta su situación financiera para pagar a sus inversionistas y a unos 350 trabajadores que fueron despedidos en marzo anterior. El pasado 25 de septiembre el juez de control del sistema procesal penal acusatorio, Enrique Cedillo García, resolvió congelar las cuentas de Oro Negro, por mil 975 millones 745 mil 231 pesos, los cuales fueron depositados en un fideicomiso administrado por Deutsche Bank México, debido a presunta administración fraudulenta, al utilizar 14 empresas fantasma.