a Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó ayer que un alza inmoderada y constante en los precios de insumos básicos, sobre todo de alimentos, ha provocado la pérdida de 5 por ciento del poder adquisitivo de los salarios entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018. Según los resultados de la supervisión de precios de la canasta básica que esa organización de comerciantes realiza en 200 puntos de venta en diversas regiones del país, la Anpec señaló que la inflación no cede ni se detiene y sigue golpeando la economía familiar.

En el periodo referido, el precio del aceite aumentó 3.2 por ciento; el del tomate, 4.45; el de los chiles enlatados, los de la leche y la papa, entre 6 y 7 por ciento; en tanto, en el trimestre reciente los costos de la cebolla, el jitomate y el chile se incrementaron 9 por ciento, y el del limón, 10.5 por ciento. El huevo, el jabón de baño y el líquido limpiador de pisos también tuvieron alzas.

Sea por fluctuaciones del mercado internacional, del tipo de cambio o por variaciones en las cosechas, lo cierto es que en el caso de los productos nacionales, la carestía en los precios de los alimentos básicos constituye una carga cada vez más pesada para la economía familiar que afecta, sobre todo, a la población de menores ingresos, situación que se presenta, para colmo, después de décadas de caídas sucesivas y posterior estancamiento en el poder adquisitivo de los salarios.

En efecto, de acuerdo con un reciente estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los 30 años anteriores los trabajadores mexicanos han perdido 80 por ciento de su poder adquisitivo: si en 1987 era necesario trabajar menos de cinco horas para pagar la canasta alimentaria, el año pasado se requerían 24 horas y media para tal propósito.

Esta circunstancia no sólo se debe a una política salarial deliberadamente empobrecedora de la mayoría de la población, sino también a la ausencia de estrategias para reactivar la producción agroalimentaria local y a la aplicación sostenida del dogma del libre mercado. La satanización de los subsidios colocó a la población nacional –productores y consumidores– en una tremenda desventaja ante naciones que, como Estados Unidos, recetan a otros modelos de supresión de la intervención del Estado en la economía, pero mantienen los subsidios para sus propios agricultores. Se ha producido así la depauperación pareja de los asalariados urbanos y de los campesinos.

Salta a la vista que tales criterios de política económica son ya insostenibles y se requiere un viraje de las políticas públicas, tanto en el ámbito salarial como respecto del agro. Es necesario recuperar un mínimo grado de control en los precios, no por decreto sino con mecanismos de efectiva redistribución de la riqueza y por medio de la recuperación de la autosuficiencia alimentaria.

Cabe esperar que el próximo gobierno sea capaz de encontrar las fórmulas para operar en este sentido sin ignorar las nuevas realidades del contexto nacional e internacional.