Si bien la Constitución otorga una serie de derechos a las personas por el solo hecho de ser mexicanas, esas garantías muchas veces existen únicamente de forma teórica, y lo que hace posible su ejercicio es el conocimiento y la organización social, especialmente cuando se trata de defenderse contra abusos de gobiernos y empresas.

Así lo afirmaron académicos participantes en los actos de celebración por el décimo aniversario de la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), quienes pusieron de relieve el trabajo de dicho colectivo en la concientización de diversas comunidades y la asesoría que han brindado para que defiendan mejor sus derechos.

El poeta, actor y periodista Mardonio Carballo destacó el rol que ha jugado Prodesc en la reciente década en el empoderamiento de diversas comunidades indígenas o rurales que se han enfrentado a la imposición de megaproyectos.

México acumula un collar de agravios, y es terrible, porque a final de cuentas esa condición nos permite ver que somos fuertes y podemos construir. Hay que alzar la voz para que no sea sólo un proceso de resistencia, sino también de exigencia y de esperanza, y en ese camino las aportaciones del colectivo dirigido por Alejandra Ancheita han sido fundamentales, aseveró.

De igual forma, los investigadores estadunidenses Ben Davis y Jennifer Gordon subrayaron que los derechos humanos, pese a tener un carácter supuestamente universal, en la práctica sólo pueden ser ejercidos por quienes tienen recursos suficientes para ello o están en una posición de menor desigualdad, por lo que el trabajo de Prodesc ha ayudado a que más personas y comunidades accedan a esas garantías.

Un ejemplo de cómo los derechos son relativos en su aplicación y disfrute, indicó por su parte Tania Ramírez, directora general adjunta de vinculación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, son las consultas a los pueblos indígenas, que en realidad no cumplen con los requisitos de ser libres, previas ni informadas.