Desde febrero de 2017 el gobierno mexicano –por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR)– ha signado ocho acuerdos de colaboración con el gobierno de Brasil para atender y desahogar el intercambio o la entrega de información relacionada con el caso Odebrecht, lo que contradice la posición de las autoridades de la nación sudamericana.

Las autoridades brasileñas señalaron a principios de este mes que la información que posee fue bloqueada porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de datos.

Sin embargo, autoridades nacionales revelaron que en realidad la negativa de sus homólogas brasileñas estaría relacionada con las sanciones de tipo administrativo que se han dictado contra empresas subsidiarias de Odebrecht que operan en nuestro país.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad refirieron que en otras naciones los directivos de Odebrecht y la fiscalía de la nación sudamericana han pactado que no se enjuicie a ninguno de los mandos de la empresa y se les permita continuar concursando o desarrollando las obras asignadas, ya que ello les permite cubrir sin pérdida económica las sanciones monetarias que se les impongan por haber incurrido en corrupción.

A cambio, las naciones que fueron afectadas por casos de sobornos han obtenido información completa sobre el involucramiento de los servidores públicos que fueron beneficiados con la entrega ilícita de recursos.

Los entrevistados indicaron que en cada uno de los ocho acuerdos firmados se han establecido lineamientos generales para no afectar a Odebrecht y también hay escritos en los que de manera particular se han formalizado pactos para no actuar penalmente en contra de directivos.

Pero cada vez que los funcionarios mexicanos han acudido a Brasil para obtener los documentos de manera certificada y con validez judicial en México, las autoridades brasileñas modifican o amplían los términos de los acuerdos con los que se pretende entregar la información bancaria y testimonial que obra en la indagatoria del país sudamericano.

El 10 de octubre las autoridades brasileñas señalaron a la agencia The Associated Press que los países interesados deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil no está en posición de facilitar la información requerida, agregaron.

Sin embargo, los funcionarios mexicanos entrevistados refirieron que la negativa podría estar relacionada con las sanciones que se impuso a Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, directivos de Odebrecht, quienes fueron inhabilitados por haberse acreditado sobornos y simulaciones para obtener un contrato por más de mil 800 millones de pesos.

Meneses Weyll es uno de los testigos que ha obtenido beneficios de protección por parte de las autoridades brasileñas y fue uno de los que declaró haber participado en la entrega de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, a cambio de ser beneficiados con la asignación de contratos.