La revocación de mandato que alcanzaría al Presidente de la República es uno de lo pendientes que se impuso la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al que se dará cauce en comisiones y después en el pleno durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Con la revocación de mandato se busca hacer activo el principio de democracia participativa y el efectivo ejercicio del poder del pueblo, argumentó el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en septiembre pasado.

La iniciativa para reformar los artículos 35, 36, 73, 99 108 de la Constitución, presentada en San Lázaro por Mario Delgado, coordinador de Morena, señala que en México está inscrito en la legislación el derecho de la ciudadanía a imponer la revocación de mandato de los gobernantes por medio de la consulta popular.

Expone que en el estado de Yucatán se reformó la ley en 1937 y pasaron 72 años sin que se hiciera efectivo ese derecho. Finalmente fue declarado inconstitucional. Ahora el tema se ha colocado en el debate público, tanto en la capital del país, como en diversas entidades, pero en ninguna ha prosperado.

Así, la aplicación de la consulta popular –inscrita en el artículo 35 de la Constitución– resulta en un complejo entramado difícil de resolver. Se acepta que todo ciudadano tiene derecho a votar en las consultas populares de trascendencia nacional, que pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, por al menos 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras o al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En los dos primeros casos la petición debe ser aprobada por el Congreso.

En la actualidad, la obligatoriedad del resultado de la consulta –señala la exposición de motivos de la bancada morenista– depende de la participación ciudadana. Es decir, si participa más de 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores el resultado obliga a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a todas las autoridades competentes.

No obstante, no se definen sanciones específicas en aquellos casos en que no se cumpla con lo establecido en la consulta.

La iniciativa en proceso de dictaminación en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, establece los límites de la consulta y no tendrá alcances con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni con las garantías para su protección o las tasas impositivas y los montos del financiamiento público.

También se propone que la consulta o consultas populares se realicen una vez al año, el primer domingo de julio.

Acerca de la votación para la revocación del mandato del presidente de la República, señala que el proceso se realizará el mismo día de la jornada electoral en la que sólo se elijan diputados federales.

Esta consulta será convocada por el Ejecutivo Federal, 33 por ciento de las cámaras del Congreso o 33 por ciento de los ciudadanos que votaron en la última elección presidencial, y el Instituto Nacional Electoral estará a cargo de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Las resoluciones del INE podrán ser impugnadas. Pero la revocación será determinada por mayoría absoluta de votos, siempre que concurra al menos 40 por ciento de electores.