as manifestaciones efectuadas ayer bajo la convocatoria del Frente Nacional por la Familia y otras organizaciones de ultraderecha fueron un recordatorio explícito de que su derrota en las urnas no supondrá una disminución en la beligerancia de los sectores opuestos a los derechos de las mujeres, y en particular al que les asiste en las decisiones sobre sus cuerpos.

Movilizados por el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de que el próximo martes Morena presentará una iniciativa integral por los derechos de las mujeres que incluirá la despenalización del aborto a escala nacional, los grupos denominados provida hicieron demostraciones en ciudades de todo el país. En Ciudad de México se dirigieron a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exigirle que elimine este tema de la agenda nacional.

Cabe recordar que en los años recientes varios gobiernos estatales han aprobado leyes que endurecen los términos en que las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo, e incluso las criminalizan por abortar: de acuerdo con un informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre 2007 y 2016 al menos una mujer fue denunciada cada día por aborto, de las cuales 228 recibieron sentencia. El punto culminante de esta ofensiva institucional contra los derechos humanos de las mujeres mexicanas llegó en marzo pasado, cuando los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional aprobaron una modificación a la Ley General de Salud que permite al personal médico negarse a participar en prácticas que contravengan su libertad de conciencia.

Es necesario destacar dos aspectos en estas convocatorias de la ultraderecha mexicana. Primero, que forman parte de una oleada conservadora internacional, un resurgir de posturas ideológicas irreductibles y refractarias a cualquier argumento. La movilización de dichos sectores debe tomarse en serio, pues este año ya lograron un ominoso triunfo en Argentina, donde frenaron una iniciativa que habría reconocido a las mujeres su derecho a decidir, evitando así las muertes y complicaciones médicas derivadas de abortos clandestinos.

Por otra parte, la contraposición entre el inminente arribo de un grupo gobernante aparentemente decidido a avanzar en la agenda de protección a los derechos de las mujeres, y la creciente belicosidad de los grupos conservadores, anticipa que los próximos meses verán una cruenta guerra política por el inaplazable reconocimiento de las garantías de las ciudadanas.