Una gran cantidad de manejos irregulares de fondos públicos –como los supuestamente cometidos por Rosario Robles– nunca son identificados ni castigados porque los Órganos Internos de Control (OIC) de las diversas dependencias de gobierno no llevan a cabo de manera eficiente su labor de identificar y denunciar tales desvíos, señalaron especialistas en temas de transparencia y anticorrupción.

Janet Oropeza, integrante del Centro de Análisis e Investigación Fundar, destacó que aunque la atención del público y los medios informativos se ha concentrado en la figura de Robles, por las irregularidades que se habrían cometido durante su paso por las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, existe todo un sistema que permite la comisión de ilícitos.

Este fue un esquema de corrupción no sólo en estas dos dependencias, sino en otras nueve, y si nos centramos sólo en Rosario Robles, invisibilizamos un amplio esquema en otras, que utiliza una forma muy sofisticada para desviar dinero, abusando de una figura legal, subrayó la investigadora.

Luego de señalar que los titulares de los organismos gubernamentales tienen una responsabilidad política por lo que suceda en las instituciones a su cargo, más allá de si ellos firmaron directamente algunos papeles o no, Oropeza destacó el rol que tienen los OIC en muchos casos de corrupción.

Dichos órganos son instancias poco profesionalizadas y carecen de independencia. Sus investigaciones deberían ser integrales, respetándose las garantías procesales de los presuntos culpables, pero velando siempre por el interés público, para identificar y sancionar a los involucrados en la red.

Ernesto Peralta, director de la plataforma digital de análisis Borde Político, coincidió en que los manejos irregulares de dinero por parte de servidores públicos ocurren porque hay un severo problema de debilidad de los OIC, que son las encargadas de prevenir, identificar y denunciar actos delictivos.