La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló una red de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), que desviaban recursos destinados a la adquisición de despensas alimentarias a bajo costo para habitantes de Venezuela.

La investigación realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) descubrió que este grupo, además de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, adquiría productos de baja calidad, los exportaba a Venezuela con sobre precio y se revendían a la población de ese país hasta 112 por ciento por encima de costo real.

Tras descubrir a los integrantes de la organización, las autoridades mexicanas llegaron –en concondancia con el nuevo sistema de justicia penal– a un acuerdo reparatorio con las personas físicas y morales mexicanas involucradas, y se acordó que los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de 3 millones de dólares, lo que equivale a 56 millones 400 mil pesos, para que sean destinados a atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.

El titular de la Seido, Israel Lira Salas, explicó que esta investigación inició a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, ante la posible comisión del delito de lavado de dinero, en contra de una red dedicada a la venta de alimentos básicos y servicios de logística, al advertirse operaciones inusuales en su administración.

En este contexto se debe señalar que en abril de 2016, el gobierno de Venezuela emitió el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, por la que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Claps), con la finalidad de distribuir, entre la población afiliada a éstos, despensas de alimentos a precios subsidiados.

Con motivo de dicho programa, la red de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, obtuvieron recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental de ayuda humanitaria que tiene como propósito adquirir despensas en diversas naciones, para posteriormente, enviarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial y así atenuar la grave crisis de desabasto alimenticio que sufre la población.

Con motivo de la investigación realizada, a este grupo delictivo se localizaron e incautaron mil 300 contenedores marítimos en territorio mexicano, que contienen aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era la nación sudamericana, y que por ser productos perecederos se determinó que estas mercancías fuerán transportadas y entregadas directamente a sus beneficiarios.