Los defensores de derechos humanos y los periodistas enfrentan altos riesgos a su integridad en México. Sufren ataques sistemáticos del crimen organizado, de funcionarios de todos los niveles de gobierno y de otros actores a causa de su labor. Si bien el mecanismo de protección a estos profesionales ha funcionado para brindar medidas de seguridad, resulta insuficiente para frenar la violencia contra estos gremios.

Expertos señalaron lo anterior durante la presentación del informe Es tiempo ya. Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos, elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y por Protección Internacional (PI), que se realizó ayer en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco.

De 2006 a la fecha han sido asesinados en el país 38 defensores de derechos humanos, y de 2000 a septiembre de este año suman 135 los homicidios de reporteros.

El informe intenta indagar qué está fallando en los mecanismos y programas nacionales de protección a estos dos sectores emprendidos por algunos gobiernos de América Latina, entre ellos el de México, y sobre los lineamientos mínimos para la construcción de una política pública al respecto y la forma de ponerla en marcha efectivamente.

En el caso mexicano, asienta el reporte, las medidas adoptadas no obedecen a un enfoque amplio y comprensivo, más allá de mecanismos o sistemas de protección física que desconocen la creación de políticas encaminadas a respetar y garantizar sus derechos; prevenir las violaciones en su contra; investigar con debida diligencia los actos de violencia, e identificar, juzgar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de los delitos, en un contexto cuya impunidad es de 99.6 por ciento.

Al comentar el informe, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que no basta con las medidas individuales de protección que otorga el mecanismo, sino que se requieren políticas públicas en las cuales se vea a los defensores y periodistas como sujetos de derechos.

Criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto presuma a escala internacional el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un logro en materia de derechos humanos, pero a la vez, en el ámbito nacional, ha reducido el presupuesto para su operación y sólo otorgó 75 millones de pesos para que funcione sólo hasta diciembre de este año.