a caravana de migrantes que partió en días pasados de Honduras, con el propósito de llegar a territorio estadunidense, ha sido objeto de una injustificable ofensiva internacional en distintos aspectos. El presidente del país al que los viajeros aspiran arribar, Donald Trump, amenazó ayer con suspender toda la asistencia económica a Guatemala y El Salvador, así como a la nación de origen, si permiten el tránsito a los integrantes del grupo. Por su parte, las autoridades de la vecina Guatemala detuvieron a uno de los líderes de la caravana, Bartolo Fuentes, y anunciaron su inmediata deportación. En tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) manifestó desde su oficina en esta capital la preocupación de que la movilización de un número tan elevado de personas en un solo grupo supere la capacidad limitada de la región para ayudar a los migrantes y solicitantes de asilo.

Al margen de esa caravana, que se encuentra en Guatemala, elementos de la delegación de la Procuraduría General de la República en Tabasco descubrieron en un tramo carretero de esa entidad a 123 centroamericanos –70 adultos y 53 menores– que eran transportados en la caja de un tráiler con destino a Reynosa, Tamaulipas. Por la mañana, otros 157 ciudadanos de Centroamérica habían sido detenidos en Coahuila, con lo que sumaron 280 casos en la jornada de ayer. Tal cifra permite suponer que el tránsito de personas de América Central a Estados Unidos experimenta un considerable incremento.

Y conforme aumentan los flujos migratorios se agrava la persecución en su contra, tanto por parte del gobierno estadunidense como de los países de tránsito. Al despiadado chantaje económico de Trump hacia las autoridades de los países centroamericanos –naciones pobres, si las hay– debe agregarse la injustificable decisión del gobierno guatemalteco de arrestar y deportar a uno de los coordinadores de la caravana migrante.

Es particularmente ominoso el que el anuncio respectivo no haya sido realizado por las autoridades de Guatemala sino por el ministerio hondureño de Seguridad, un dato que sugiere la colaboración activa entre los gobernantes de ambos países para detener a los viajeros, en acatamiento a los dictados de la Casa Blanca.

Los centroamericanos que se ponen en marcha hacia el territorio estadunidense no actúan por gusto ni por afán de viajar, sino porque en sus lugares de origen no encuentran posibilidades de subsistencia, o bien porque la desbordada violencia delictiva amenaza sus vidas. Es decir, se trata de víctimas, de personas que huyen del hambre o de peligros mortales; y todo indica que está en marcha una concertación internacional –o, mejor dicho, una imposición estadunidense sobre gobiernos débiles y dependientes– que vuelve a criminalizarlas y que representa una masiva violación de derechos humanos básicos.

En esta circunstancia, cabe esperar que la Acnur no espere un comunicado oficial para actuar y que intervenga en la protección de la vida y la libertad de esos infortunados viajeros; México, por su parte, debe tomar distancia de semejantes políticas, asegurar que los viajeros puedan ejercer su derecho al libre tránsito, garantizar su integridad y brindarles un trato digno y humanitario. Que para ellos nuestro país sea la única esperanza.