Aurora de la Paz Navarro del Campo fue detenida en febrero de 1976 en Acapulco, Guerrero, por agentes de la Policía Militar en un operativo de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y desde entonces se desconoce su paradero. “Hay elementos para asegurar que se trató de una desaparición forzada en el contexto de la guerra sucia y hasta ahora los perpetradores siguen en la impunidad”.

Familiares de Aurora, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, interpusieron hace un amparo para que se llegue al fondo de las investigaciones por su desaparición –ella participó en agrupaciones clandestinas como la Liga Comunista 23 de Septiembre– y se vuelva a poner en el ámbito judicial la demanda social de indagar de manera efectiva los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia y que los responsables materiales e intelectuales sean castigados.

Reivindicar víctimas de la guerra sucia

En conferencia de prensa se informó que el amparo se presentó el 8 de octubre y “busca reivindicar a las víctimas de la guerra sucia, evidenciar la falta de un mecanismo de procuración de justicia que de manera objetiva e imparcial investigue lo ocurrido en esos hechos y finalmente, sancionar a los responsables, no sólo a los ejecutores, sino también a aquellos que desde las altas estructuras de poder ordenaron y toleraron estas prácticas”.

Catalino Hernández, hijo de Aurora, señaló que lleva casi 20 años en busca de justicia para su madre, y también para su padre, Carmelo Cortez, asesinado en 1975 también como parte de la guerra sucia. En esas dos décadas las autoridades, lejos de apoyar a los deudos, han apostado a su cansancio para que desistan de su exigencia de justicia.

La demanda de amparo fue presentada por organismos como IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Édgar Cortés, de dicho instituto, afirmó que una sociedad que no investiga y esclarece su pasado está condenada a repetir las experiencias, por eso es que el país vive las consecuencias de que casos del pasado se mantengan en la impunidad y así se haya alcanzado ya la cifra de más de 37 mil desaparecidos en los pasados 11 años.