Por considerar excesivo el pago por la planta de aprovechamiento de residuos urbanos (basura) conocida como termovalorizadora, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México ordenó la suspensión del contrato para la prestación de los servicios a largo plazo para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de dicha obra.

La sentencia fue dictada el 4 de octubre por la quinta sala ordinaria del TJA y decreta la suspensión del contrato suscrito el 7 de mayo de 2017 por el Gobierno de la Ciudad de México, que encabezaba el hoy senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, y la sociedad denominada Termo WET, en tanto no se demuestre fehacientemente que las condiciones que se plantearon en el documento son las más favorables para los habitantes de la capital del país.

La solicitud de suspensión fue otorgada a Adriana Gutiérrez Medina, quien asegura en su demanda que el proyecto en materia de contrato no es un gasto conveniente para el Gobierno de la Ciudad de México en términos de eficiencia del gasto público, ya que el precio que pagará por dicho proyecto es infinitamente mayor al precio de mercado de un proyecto de esa naturaleza.

De la misma forma, de acuerdo con el dictamen, la actora sostiene que de no concederse la suspensión la sociedad resentiría un grave perjuicio. Por su parte, el tribunal recuerda que de acuerdo con el artículo primero constitucional, el Estado debe respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos.

Añade que un indebido manejo de los recursos públicos compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluidos los de salud, educación, agua, transporte o saneamiento, que resultan esenciales para su realización, y toda vez que la parte actora pone en entredicho dicha cuestión en su escrito de demanda, al señalar que el precio que se pactó como prestación es excesivo y que se debe pagar a la hoy tercera interesada (la empresa) durante al menos 30 años; en consecuencia, sin prejuzgar sobre la decisión de fondo del presente asunto, se concede la suspensión de todos los actos reclamados en tanto se resuelve en definitiva el presente juicio.

La planta termovalorizadora, que sería la obra o el proyecto de mayor importancia en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, serviría para convertir la basura de la ciudad –donde se producen 13 mil toneladas diarias–, o muy buena parte de ella, en energía eléctrica, la cual sería aprovechada para proveer al Sistema de Transporte Colectivo Metro. El costo de este servicio, que se convertiría en deuda para la ciudad y que se considera por encima de lo que establece el mercado, sería de más de 80 mil millones de pesos pagaderos en 30 años.

De esa forma, la construcción de la termovalorizadora queda suspendida y ahora la empresa contratada deberá demostrar que en lo económico y en lo ambiental el proyecto es lo mejor para los habitantes de la capital de México; en caso contrario, la obra quedará cancelada.