El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó un paquete de reformas a las leyes del sistema local anticorrupción para fortalecer a sus instituciones y alejarlas de ese pernicioso sistema de reparto de cuotas entre partidos que politiza y crea redes de protección política.

Al presentar ante el pleno las iniciativas que modifican, adicionar y derogan disposiciones contenidas en siete de una docena de leyes y decretos de reforma que en su momento expidió la extinta Asamblea Legislativa (ALDF), la coordinadora de la bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ernestina Godoy Ramos, advirtió que la corrupción capturó a las instituciones, inclusive a los partidos que lucharon por combatirla y carcome al gobierno y a la sociedad desde el momento mismo en que se compran y venden elecciones.

En las iniciativas se corrigen disposiciones contrarias a la Constitución Política de la Ciudad de México en que incurrieron los diputados de la extinta ALDF respecto de los procedimientos para designar e integrar los distintos órganos del sistema.

En el caso de a designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción plantea restituir la facultad del Concejo Judicial Ciudadano para hacer la propuesta al Congreso, que deberá aprobarlo por mayoría calificada para un periodo de cuatro años, con opción a ser relegido por un periodo más. En la ley vigente los asambleístas otorgaron dicha atribución al titular de la Jefatura de Gobierno, con aprobación en el legislativo por mayoría simple y un periodo de siete años, reelegible por un periodo más.

Otorga, además, a la fiscalía autonomía técnica y de gestión y la facultad de nombrar a los agentes del ministerio públicos sin que deban ser ratificados por el titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Otra reforma propuesta es a la Ley de Transparencia, por la que se reduce de siete a cinco el número de comisionados integrantes del pleno. Su designación requerirá de la aprobación del pleno del Congreso por mayoría calificada, incorpora una restricción a quienes aspiren al cargo de no haber militado ni sido candidato al menos 4 años previos al proceso de designación y le quita al Legislativo la facultad de designar de entre el pleno al presidente del organismo y lo incorpora al sistema local anticorrupción.

En el caso de la Secretaría de la Contraloría continúa como un órgano con autonomía técnica y de gestión y se suprime el transitorio por el que la ALDF otorgó al titular de la jefatura de Gobierno la facultad para incluir en la terna que deberá proponer al Congreso al actual contralor general, lo que en su momento Morena denunció que pretendía designar a un contralor carnal.

“La corrupción –señaló Godoy en tribuna– dominó a la ciudad durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. La asociación entre intereses económicos y políticos fue el común denominador de ese gobierno que provocó severos retrocesos en todos los ámbitos de la vida pública: la seguridad, la movilidad, los servicios, los trámites”.