Un grupo de ex presos políticos hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a echar abajo la sentencia de 50 años de cárcel que se dictó en contra de seis habitantes de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, quienes fueron acusados de homicidio agravado, en un caso que la defensa considera un acto de represalia contra dicho pueblo por defender su derecho al agua.

En conferencia de prensa, la senadora Nestora Salgado manifestó su apoyo a las seis personas que fueron sentenciadas en noviembre de 2017 –aunque han estado presas desde 2003– y anunció de nueva cuenta que emprenderá una campaña para excarcelar a unas 500 personas que han sido recluidas por motivos políticos en todo el país.

“Voy a visitar todas las cárceles del país para liberar a los presos de conciencia injustamente encarcelados y que no tienen para pagar un abogado. Vamos a presentar una iniciativa y a hacer un mapeo; se habla de 500 presos políticos –aunque creo que son más– y en el Senado tendremos abogados especializados” para conseguir su liberación, indicó la legisladora.

De igual manera, la fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, destacó que la criminalización de los luchadores sociales sigue un mismo patrón, en el que las víctimas son acusadas falsamente por delitos graves, como secuestro, asesinato, terrorismo o delincuencia organizada, para luego ser encarceladas en condiciones indignas.

Por su parte, Érika Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre de El Charco –cometida en Guerrero en 1998–, manifestó su solidaridad con los seis habitantes de Tlanixco (municipio mexiquense de Tenango del Valle) encarcelados, y denunció que el juez encargado del caso tardó 11 años en dictar sentencia, además de ignorar las pruebas de la inocencia de los acusados.

Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el profesor Alberto Patishtán coincidieron en la necesidad de que las diferentes luchas sociales se unan para reclamar de manera conjunta la liberación de todas las personas que han sido encarceladas por motivos políticos, muchas de ellas por defender el derecho de sus comunidades a la tierra.

Como ya se ha informado, Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles –todos ellos habitantes de San Pedro Tlanixco– fueron condenados a 50 años de prisión, acusados de participar en el supuesto asesinato de un empresario, quien, según la defensa de los pobladores, en realidad murió de forma accidental.