l descubrimiento de la venta por Internet de la base de datos de la lista nominal de electores en su versión de 2015 –el documento se ofrecía en un video de YouTube– coloca a las autoridades y a la sociedad ante un hecho sumamente grave, que vulneró a privacidad de millones de personas y pudo ser usado en la comisión de toda suerte de delitos.

Por desgracia, esta no es la primera vez que se da una exposición similar de la información confidencial de los ciudadanos: en 2013 se descubrió que una copia de la lista nominal de 2010, que había sido entregada por el entonces Instituto Federal Electoral al partido Convergencia –rebautizado más tarde como Movimiento Ciudadano (MC)– podía ser consultada en un portal denominado Buscardatos.com, previo pago de 4 mil pesos.

La organización política fue condenada a pagar una multa de 76 millones de pesos, pero tres años más tarde volvió a exponer el listado, que contiene los datos de más de 93 millones de electores, esa vez en Amazon.

Aunque el dirigente de ese partido, Dante Delgado, arguyó que la filtración había sido causada por un ataque cibernético, MC fue multado con 34 millones de pesos y con cantidades mucho menores (33 mil y 26 mil pesos) a los responsables de ese partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral.

En años recientes también han sido comercializadas en la red bases de datos de clientes de instituciones bancarias.

La información contenida en semejantes bases puede ser empleada con propósitos molestos, pero relativamente inocuos, como la publicidad comercial segmentada o las agencias de cobranzas, pero también puede facilitar actividades mucho más sórdidas, como homicidios, secuestros y extorsiones. Es, por tanto, imperdonable que una entidad pública o privada exponga, con dolo o por descuido, los datos de particulares.

Más allá de la obvia urgencia de reforzar los mecanismos de control –tanto administrativos como informáticos– para impedir que vuelvan a darse situaciones como las referidas, una medida necesaria para minimizar esa clase de filtraciones sería tipificarlas como delito grave y establecer sanciones más severas tanto para las personas involucradas –sean particulares o servidores públicos– como para las empresas u organizaciones implicadas.

Respecto de la lista nominal de electores, debe recordarse que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha externado su determinación de proponer al Poder Legislativo una modificación legal a fin de tipificar el fraude electoral como delito grave.

Sería pertinente incluir también en esa categoría penal cualquier forma de divulgación de la lista nominal de electores, del padrón electoral y de las bases de datos en poder de las instituciones –la del Sistema de Administración Tributaria, por ejemplo; las de los derechohabientes y las de beneficiarios de programas sociales– que contienen datos personales y privados.

Resulta impostergable enviar un mensaje firme y claro a quienes, por afán de lucro o por mera desidia, comprometen la seguridad y la integridad de millones de personas.