El jefe técnico del grupo mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Kenneth Smith, rechazó que la permanencia del mecanismo de solución de controversias Estado-inversionistas en el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés, pero al que llamó AMEC) represente un riesgo de demandas millonarias contra México por corporativos petroleros y de telecomunicaciones si se imponen nuevas regulaciones.

La Jornada publicó este miércoles que el Instituto Americano Petrolero, que representa los intereses de las empresas de crudo y gas de Estados Unidos, elogió el acuerdo trilateral porque se conservó la posibilidad de que recurran al mecanismo de resolución de disputas inversionistas-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).

Kenneth Smith recordó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició la renegociación del TLCAN diciendo que no quería para nada el mecanismo de protección a las inversiones, pero esto fue rechazado por su sector privado en todo momento. Sostuvo que la permanencia de tal mecanismo conviene a los tres país para garantizar las inversiones y no establece ninguna restricción para que México actúe conforme a sus leyes.

Petroleras protegidas

A su vez, juristas de la UNAM especializados en el sector petrolero, comercio internacional, inversiones y en solución de controversias, destacaron que independientemente de lo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pactó en el Usmca, cuya ratificación por el Senado está pendiente, las compañías petroleras que operan en México ya están muy protegidas tanto por los contratos petroleros firmados con el nuevo marco legal de la reforma energética, como por los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y la incorporación de México al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, apenas en enero de este año.

Al adherirse al CIADI, México está obligado a someter las diferencia jurídicas entre inversionistas extranjeros y Estado a los términos de ese organismo, con lo que se excluye a los tribunales federales mexicanos en controversias de energía y de otro tipo, señaló Sergio Ampudio Mello, coordinador del diplomado sobre derecho ambiental y energético de la UNAM. A tal protección se suman las APPRI cuya firma se multiplicó en este sexenio hasta sumar 33 en total, comentó.