El instituto político reclama 80% de los puestos; aduce que el ex futbolista ganó con los votos azules; se prevé rompimiento
Miércoles 3 de octubre de 2018, p. 38
La designación de los integrantes del gabinete de la alcaldía de Coyoacán se realiza en medio de jaloneos entre su titular, el ex futbolista Manuel Negrete, y el grupo político del ahora diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mauricio Toledo.
Fuentes allegadas al nuevo alcalde aseguraron que se han realizado ríspidas reuniones entre ambas partes, e incluso se habla de una ruptura. Al debate también se ha unido gente del Partido Acción Nacional (PAN), que exige la mayoría de los espacios, con el argumento de que se obtuvo el triunfo por los votos azules.
En la ceremonia de entrega-recepción, la tarde del lunes, Negrete aseguró a la prensa que serán pocos los que repitan en el cargo.
Hasta ayer por la tarde, de acuerdo con trabajadores consultados, seguían al frente de las distintas áreas los mismos responsables de la anterior administración, y prevalecía el nerviosismo entre el personal de estructura, pues desconocían si los van a ratificar en sus cargos.
No obstante, continuaban los acercamientos entre ambos equipos para llegar a un acuerdo, en el que también buscan incorporarse los panistas, pues reclaman 80 por ciento de las carteras por su alianza en la elección del primero de julio.
En otro asunto, tras el adeudo de 69 millones de pesos que la alcaldía de Coyoacán tiene con la Policía Bancaria e Industrial (PBI), el juez décimo cuarto de lo civil en la Ciudad de México determinó asegurar siete cuentas bancarias, entre ellas la que se abrió para recibir el pago de cuotas de los usuarios de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles.
La medida fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) a raíz del juicio ordinario civil que se lleva a cabo entre la PBI y el gobierno de Coyoacán, proceso que afectó el salario de los maestros de las casas de cultura y los centros deportivos de la zona.
El proceso lleva varios años y se originó a raíz de la contratación del servicio de la PBI para el periodo 2009-2012, el cual no cumplió con el pago fijado en el documento a los uniformados.
Ante ello, se embargó la nómina y prestaciones de los servidores públicos contratados por honorarios y los profesores del esquema 70-30.
Por su parte, la alcaldía informó que solicitó el apoyo del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva y de la Secretaría de Finanzas para poder pagar la nómina y no afectar más a los profesores.