El combate a la corrupción no es algo que sólo competa al Poder Ejecutivo, pues es un fenómeno que impacta en diversas esferas, sostuvo el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, quien destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una acción estructural cuya consolidación se basa en la coordinación y cooperación interinstitucional del Estado para enfrentar este problema.

Durante el seminario Retos de las Políticas Anticorrupción, integrantes del SNA alertaron sobre la necesidad de consolidar este sistema y garantizar la participación ciudadana para fortalecer el combate a la corrupción. Es necesario potenciar esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como los sistemas nacionales de Fiscalización y Transparencia para robustecer los controles que limiten condiciones estructurales generadoras de incentivos para la corrupción, dijo Colmenares.

El presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Francisco Javier Acuña, reprochó el incumplimiento del Senado en la designación del fiscal anticorrupción, no sólo por ser la figura clave del SNA, sino porque la construcción legal hizo depender de su designación la plena entrada en vigor de la ley. Vinculó esta insuficiencia con la imposibilidad de sancionar con todo rigor casos graves de corrupción como el de Odebrecht.

Incumplimientos graves por la coyuntura

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Mariclaire Acosta, cuestionó también que la coyuntura de cambio de gobierno provoque estos incumplimientos graves en la designación de funcionarios clave para la operación del sistema tal como fue concebido para combatir casos graves de corrupción. Subrayó que de las acciones que han emprendido para captar la preocupación social sobre el fenómeno, surge uno fundamental asociado a la violencia: el vínculo de las corporaciones policiacas con el crimen organizado.

Asimismo, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, destacó que es necesario asumir que la corrupción es una conducta normalizada y cotidiana que provoca la ineficiencia e ineficacia de las instituciones públicas, al tiempo que alertó que la impunidad genera incentivos para la comisión de más actos de corrupción.

A su vez, Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal, sostuvo que la impunidad de actos de corrupción impacta en la legitimidad de las instituciones, por lo que propuso aprovechar el parteaguas de la creación del SNA para transitar hacia un esquema que reduzca esa falta de castigo y fortalezca acciones preventivas.

El investigador Mauricio Merino alertó sobre la importancia de asumir con claridad que el país ha avanzado en la conformación de un marco legal para combatir la corrupción. Sería un retroceso pensar que en esta coyuntura de transición se pretendiera regresar a la definición de políticas públicas estructurales para combatir el problema, pues no se debe empezar de cero.