o cabe duda que el próximo gobierno recibirá al país convertido en un auténtico campo minado, en todos los órdenes, pero me referiré sólo a dos casos cuyos aniversarios están en la mesa. Precisamente hoy hace 50 años se perpetró la masacre estudiantil cuyo no olvido ha sido insuficiente para alcanzar la justicia. En el sexenio que en 2000 se festejó, fallidamente, como el gobierno del cambio, el entonces presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuyo trabajo privilegió la investigación sobre lo que definió como genocidio practicado en 1968 y responsabilizó de ello, de manera central, al ex presidente Luis Echeverría. El Comité 68, con Raúl Álvarez Garín (†) a la cabeza, se involucró en la tarea de aportar evidencias al titular de la ex fiscalía Ignacio Carrillo Prieto. No es posible reconstruir en este espacio los avatares jurídicos y políticos de esta búsqueda contra la impunidad. La síntesis de la misma la podemos encontrar en los 10 volúmenes que publicó el comité bajo el título Los procesos de México 68, ahí encontraremos la indispensable base para la reapertura de la investigación que demanda el Comité 68 y en la valiente declaración del ex fiscal Carrillo que reveló a la revista Proceso lo que supimos en aquel momento en el acompañamiento al comité: la decisión de Fox y el Ejército, creo en el orden inverso, para detener esa lucha por la justicia. Ojo que ahí están presentes lecciones clave. En aquel momento hubo quienes pretendían una comisión de la verdad y finalmente se optó por la fiscalía para garantizar, se suponía, sus efectos vinculantes.
El otro caso, emblemático y más reciente, es el de la investigación sobre la desaparición, hace cuatro años, de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que también conlleva una estela de impunidad, si nos atenemos a sus resultados. Ya advertimos que la transición de terciopelo con el peñanietismo, prácticamente ha concluido, no así con los empresarios, pero eso parece, parece reitero, harina de otro costal.
Es de reconocer al presidente electo Andrés Manuel López Obrador la decisión y compromiso enfático, frente a las madres y los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos, de reiniciar prácticamente toda la investigación y retomar cada uno de los caminos torcidos durante la misma.
El 1º de diciembre, al tomar posesión, el Presidente emitirá un decreto a fin de crear una comisión investigadora para la verdad y justicia
del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.Solicitará la asistencia técnica y cooperación de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De igual forma, se invitará al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que depende de la CIDH y que fue prácticamente expulsado por el gobierno que concluye. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que está por emitir una recomendación sobre el caso, participará en esta búsqueda de verdad y justicia. Ese decreto también ordenará que toda la administración pública federal coopere con la investigación.
El presidente electo confió en que la Suprema Corte ratifique la sentencia del primer tribunal colegiado de Tamaulipas que ordenó crear una comisión para volver a investigar el caso, tras las irregularidades de la Procuraduría General de la República (PGR).
Advirtió que emitirá el decreto, cualquiera que sea el resultado de la decisión de la Corte, y adelantó que no se debilitarán las instituciones, al contrario, señaló que se fortalecerán si se logra que todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes y se castigue a todos los responsables, aun cuando pertenezcan al Ejército. Si bien la comisión de investigación, con integración sui géneris, deberá ubicarse en la PGR y contará con el respaldo y seguimiento político puntual de Alejandro Encinas, quien se hará cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación. Queda así clara la distinción con una comisión de la verdad no vinculatoria, como suelen serlo. Con razón los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos están hablando de que tienen esperanza.
Ya existen señales de que el próximo comandante supremo de las fuerzas armadas, López Obrador, tiene claro el hilo de las impunidades, pues al acudir a un mitin conmemorativo en la Plaza de las Tres Culturas, advirtió que el Estado Mayor Presidencial fue utilizado en la represión de 1968, y es una razón más para desaparecer ese cuerpo y que sus 8 mil elementos se incorporen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sobre aviso, no hay engaño.
