a sido sorprendente, hasta sedosa, la manera en que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador abordaron y despacharon un tema delicado y espinoso, como ha sido la renegociación del tratado norteamericano de libre comercio.

Más allá del contenido específico del nuevo acuerdo (que no necesariamente resultará tan benéfico para el interés mexicano), su procesamiento ha sido terso, dadas las personalidades de ambos personajes (cargadas de riesgo de tensiones) y el contexto político e institucional de este episodio (Trump, urgido de un éxito para encarar las elecciones intermedias de noviembre; AMLO, presidente electo, técnicamente carente aún del suficiente poder formal).

A diferencia de las rasposas relaciones (casi de masoquismo) que sostuvieron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso con Trump y su equipo, el manejo del magnate neoyorquino con López Obrador fue respetuoso, con un trato del tabasqueño en similares términos. Ayer, AMLO elogió la actitud abierta y tolerante del residente en Washington. No beneficia al interés mexicano el chocar con el máximo poder mundial; es de desearse que ese tono de mesura se mantenga.

Por cierto, ha anunciado Luis Videgaray Caso (nacido en Ciudad de México en agosto de 1968) que al terminar su actual encargo como secretario de Relaciones Exteriores pondrá fin a su carrera como servidor público y como político, la cual arrancó a plenitud el 15 de septiembre de 2005, cuando Peña Nieto, entonces gobernador, lo nombró secretario de Finanzas, Planeación y Administración del estado de México.

De aquel salto de la empresa de consultoría Protego, de Pedro Aspe Armella, a las filas peñistas, Videgaray llegó a ser una especie de vicepresidente ejecutivo o, como se ha dicho aquí, un cerebro sustituto de Los Pinos durante el sexenio que está por terminar. Su salida de escena es consecuencia del fracaso del intento de continuidad con José Antonio Meade Kuribreña como postizo candidato presidencial (derrota de toda una corriente tecnocrática en la que ha de incluirse el extraño invento de Mikel Arriola como candidato a jefe de Gobierno capitalino) y, desde luego, del fracaso de la administración del propio Peña Nieto.

Es probable que el paso de José Ramón Amieva Gálvez por el gobierno de Ciudad de México, como sustituto del prófugo Miguel Ángel Mancera, vaya a ser recordado especialmente por la medida preventiva que tomó ayer de retirar del Sistema de Transporte Colectivo, conocido como Metro, y de la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, las placas metálicas en que estuviese el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, quien era presidente el 2 de octubre de 1968 y a quien se atribuye la responsabilidad histórica, al igual que a Luis Echeverría Álvarez, aún vivo, de la matanza realizada en aquella fecha.

Tal retiro de placas diazordacistas debería estimular a otras autoridades (gobernantes, congresos tanto federal como estatales) a liberar a los mexicanos del oprobio de soportar una nomenclatura representativa de un ciclo político que se aspira a superar. En todo el país hay vialidades, colonias, hospitales, placas conmemorativas y obras públicas (construidas con dinero público) que llevan los nombres de personajes cuyo juicio histórico y popular no es positivo, sobre todo ex presidentes, como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, los mencionados Díaz Ordaz y Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y el propio Peña Nieto (además del infundado culto a la personalidad de esos políticos, suelen incluirse sus esposas y familiares), y ex gobernadores también de recuerdo trágico, cuyo enlistamiento requeriría de varias columnas.

Luego de que la sala superior del tribunal electoral federal mantuvo la derrota de Morena y sus aliados en Coyoacán y en los municipios queretanos de la capital y de Huimilpan, la siguiente incógnita se refiere a Puebla, donde el panismo y Rafael Moreno Valle consideran que se mantendrá el resultado en favor de Blanca Érika Alonso.

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