En el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, agrupaciones feministas, estudiantiles y sindicales realizaron una marcha desde el Monumento a la Madre hacia la explanada del Zócalo portando pañuelos verdes, símbolo de esta lucha. La consigna fue por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, para no morir.

La movilización comenzó cerca de las 16 horas, y pasadas las 17 horas las manifestantes llegaron a la explanada del Zócalo, donde realizaron un mitin frente a Palacio Nacional. Allí cuestionaron que el debate sobre el aborto lo hagan los hombres y subrayaron que nos atraviesan todas las violencias, situación que nos hace ciudadanas de segunda categoría.

En un ambiente en el que predominó el verde en la ropa, los pañuelos y la piel, exigieron no más mujeres en la cárcel por abortar; aborto legal para no morir, y ser madre por decisión, no por imposición y advirtieron que la maternidad será deseada o no será. Conminaron a que la marea verde no pare hasta conseguir el propósito.

En un pronunciamiento señalaron que las muertes por abortos inseguros son prevenibles y constituyen un problema de salud pública. Las cifras demuestran que en México, 54 por ciento del total de embarazos no planeados terminan en abortos inducidos, 34 por ciento en nacimientos no planeados y 12 por ciento en abortos espontáneos.

Además, una de cada cuatro mujeres muere por no tener acceso a un aborto legal y seguro. Destacaron que a esto se suma la criminalización de quienes han abortado.

Como han documentado el Centro Las Libres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), en los años recientes han sido criminalizadas en el país 4 mil 246 personas por el delito de aborto, en su mayoría mujeres, además de personal de salud. También, a la fecha hay 136 mujeres presas por aborto o denunciadas por homicidio en razón de parentesco.

Alejandra Toriz, de la organización Pan y Rosas, expuso en entrevista que este tema no es moral, es de salud pública, y nos manifestamos hoy en solidaridad con Argentina, pero sobre todo por extender el derecho al aborto en todo el país y que no sólo esté despenalizado en la Ciudad de México.

Expuso que el próximo gobierno no tiene una posición clara, porque considera que los derechos se tienen que poner a consulta, cosa que está mal. No es que seamos abortistas: planteamos el derecho a esta práctica sobre la base de que miles de mujeres mueren por abortos clandestinos.

Aseguró que los cambios deben ir acompañados de campañas de educación sexual y la entrega de anticonceptivos gratuitos.

En el informe Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México, Gire indica que el alto precio que pagan las mujeres por la criminalización del aborto es resultado de la falta de voluntad política del Estado mexicano.

Expone que cuando las mujeres llegan a los servicios de salud con abortos en evolución son tratadas como sospechosas; se les cuestiona, son maltratadas, denunciadas por el personal de salud y de inmediato el Ministerio Público las interroga.

El estudio añade que en algunos casos las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco, con penas de hasta 50 años.

La persecución de casos de abortos o partos fortuitos como homicidios calificados evidencia que, lejos de buscar sanciones coherentes y proporcionales, la motivación detrás de las actuaciones de agentes ministeriales y judiciales es la estigmatización de las mujeres y la imposición de castigos ejemplares.

Las manifestantes indicaron que después de que en la Ciudad de México fue aprobada la interrupción legal del embarazo, en 2007 se agudizó la criminalización del aborto y comenzó un embate contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el Estado laico.

Los sectores “reaccionarios y de ultraderecha, tanto de la sociedad (como el Frente Nacional por la Familia), instituciones religiosas y partidos políticos como Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y Encuentro Social promovieron y aprobaron contrarreformas en 18 de 32 constituciones estatales, con los argumentos de ‘proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural’ y la objeción de conciencia del personal de salud”.