Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, podría quedar absolutamentre libre en unos tres meses una vez que ya fue absuelto del cargo de peculado por 250 millones de pesos, y luego que se resuelva en tribunales que las autoridades de Chihuahua lo acusaron también indebidamente de haber participado en el desvío de un millón 700 mil pesos. Ayer fue excarcelado, pero permanecerá bajo vigilancia electrónica, informó Antonio Collado, abogado defensor del priísta.

En entrevista con La Jornada, el litigante, quien logró que un tribunal ratificara que el gobierno de Chihuahua utilizó testigos protegidos y otorgó beneficios a ex colaboradores de César Duarte para sostener acusaciones infundadas y con esta resolución también se caen los señalamientos contra el político Manlio Fabio Beltrones y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, porque no hubo pruebas que pudieran ligarlos a conductas ilícitas.

Collado refirió que tras las resoluciones, Alejandro Gutiérrez decidió demandar al estado de Chihuahua por daños y perjuicios, y existen cuatro causas penales contra diversos funcionarios: una por tortura, tres por desacato y otra por delitos especiales de abogados que se le está imputando al consejero jurídico de esa entidad por dilatar el procedimiento para que [Gutiérrez] saliera libre.

Bajo vigilancia electrónica, Gutiérrez fue liberado la madrugada de ayer del Cereso estatal ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, tras nueve meses de reclusión y después de que la magistrada federal, Isabel Porras Odriozola, desechó por notoriamente improcedente la apelación 275/2018 promovida por el gobierno de Chihuahua que buscaba revertir la absolución en el caso del presunto desvío de 250 millones de pesos para financiar campañas electorales.

“Mi cliente está libre por completo de este cargo y se confirma por un tribunal de apelación que el gobierno de Chihuahua no tenía interés jurídico para seguir con el asunto y entonces queda como cosa juzgada el sobreseimiento.

Ya sólo queda una causa penal en la que se le imputa el desvío de un millón 700 mil pesos, en el ámbito del fuero común, pero la cual desde el pasado mayo se solicitó que sea juzgada por el fuero federal y ello se definirá en una audiencia de ámbito competencial la semana que viene en el sexto tribunal ­colegiado en materia penal, con sede en Ciudad de México, señaló Collado.

Jurídicamente estas resoluciones han demostrado que no se le podía haber acusado de peculado, ya que no era servidor público, no hubo pruebas concretas y el gobierno de Chihuahua inventó una historia que no pudo sostener.

Alejandro Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre pasado y la Fiscalía de Chihuahua logró su vinculación a proceso en dos causas penales.

La primera acusación fue por la presunta triangulación de 250 millones de pesos para financiar campañas electorales entre 2015 y 2016, la cual un Tribunal Colegiado ordenó quitar a la justicia de Chihuahua el 6 de abril, por solicitud del juez federal Gerardo Moreno García, quien solicitó la competencia en tanto los recursos presuntamente sustraídos corresponden al ramo 23, del orden federal.

La segunda acusación sigue vigente y corresponde a un desvío de un millón 740 mil pesos, presunto delito cometido a través de la simulación de contratos para mantenimiento de edificios y transportación aérea, entre empresas que son propiedad de Gutiérrez y el gobierno de Chihuahua durante la administración de César Duarte Jáquez.

El 10 de septiembre, después de la sentencia del 31 de agosto que sobreseyó la causa penal, la juez federal Luz Elba de La Torre, requirió al gobierno de Chihuahua acatar un amparo, que ordena retirar a Gutiérrez la medida cautelar de prisión preventiva en la segunda causa penal, por considerarla excesiva.

El 18 de septiembre el juez local ordenó poner al priísta un brazalete con localizador satelital, con la restricción de no salir del estado de Chihuahua y permanecer en arraigo domiciliario en tanto se resuelve la acusación por el desvío de un millón 740 mil pesos, y por ello no puede abandonar la entidad hasta que se resuelva la segunda causa penal.