En agosto pasado, el número de migrantes en situación irregular se incrementó poco más de 30 por ciento.

Con 13 mil 444 personas presentadas ese mes ante la autoridad migratoria se rebasó el promedio anual de 10 mil 803.

Aunque hay aumento en extranjeros procedentes de Asia y África, sólo dos nacionalidades hacen mayoría en esta situación: hondureños y guatemaltecos.

Las personas de los dos países centroamericanos constituyen 88 por ciento de la migración procedente de esa región y 78 por ciento del total de los migrantes, en presunta situación irregular, que llegan a México.

Igualmente, son mayoría en ­repatriaciones.

De un total general de 86 mil 431 presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a agosto de este año, fueron devueltos 71 mil 879; de éstos, 86 por ciento pertenecían a las nacionalidades citadas.

También hay aumento de repatriaciones de niños y de otros grupos vulnerables.

Organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi); el Instituto de Estudios sobre Migración y Sin Fronteras advierten de esta ­situación.

Durante el sexenio actual ha habido (al corte de julio pasado) 853 mil 378 detenciones de personas, de las cuales 28 por ciento son mujeres y niñas, y 18 por ciento niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, en la administración que está por concluir fueron deportadas 750 mil personas, de las cuales 138 mil 270 son niñas, niños y adolescentes. Esta situación, indican las organizaciones no gubernamentales, viola los derechos de estas personas, al no tomar en cuenta el riesgo que implica retornarlas a sus países.

En el sexenio, más de 150 mil menores de edad fueron detenidos por razones migratorias y la mayoría repatriada.

La deportación en el sexenio, advierten las organizaciones, fue una regla y no la excepción, al devolver a casi 90 por ciento de las personas detenidas, sin considerar que muchas tenían la posibilidad de contar con una estancia migratoria regular en México.

Al respecto, Berenice Valdez, integrante del Consejo Consultivo de Política Migratoria del INM –y coordinadora de políticas públicas de Imumi–, lamentó que el país continúe en una estrategia de contención de migrantes, bajo criterios de seguridad, y siga al alza la devolución expedita de niños y de otros grupos vulnerables.

“Se supone que este sexenio fue el primero en el que el Plan Nacional de Desarrollo tuvo una política de género y todas las instancias de la administración pública debían actuar con esa perspectiva. Sin embargo, hay una gran deuda con las mujeres en la migración, ­particularmente.

Es decir [las autoridades] no identifican las necesidades especiales. Se detenía a mujeres embarazadas o a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, incluida la sexual, sin una atención, sin un protocolo. Cuando había niñez y mujeres, en lugar de sacar a las mujeres con sus hijos, los tenían en detención. En suma, sin respeto a sus derechos más básicos, señaló en entrevista.

Advirtió acerca del alto número de operativos en carreteras, en los que participan agentes de ­migración, aun cuando existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que no se solicite, en esos ­trayectos, identificación a las ­personas.