En la llamada zona galáctica de las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las trabajadoras sexuales están cada vez más expuestas a cobros ilegales, extorsiones y amenazas por parte de policías y de particulares que se ostentan indebidamente como la administración del lugar y lucran con su trabajo, pese a tratarse de un espacio reconocido y regulado por el gobierno local.

Así lo dieron a conocer los activistas Elvira Madrid y Jaime Montejo, de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, quienes señalaron que aunque las mujeres que trabajan en dicha zona lo hacen por voluntad propia –ante la falta de mejores opciones de vida–, sus condiciones laborales cada vez son más precarias y riesgosas.

En entrevista, recordaron que la mencionada área surgió en 1994, tras el arribo al estado de miles de elementos del Ejército mexicano, a causa del alzamiento zapatista, motivo por el cual las autoridades acordaron crear una zona de tolerancia en donde había medidas sanitarias básicas, como preservativos y pruebas de VIH gratuitas, además de controles de seguridad de la policía local.

Sin embargo, desde hace al menos dos años un hombre llamado Javier Solís Nucamendi comenzó a ostentarse como el administrador de la zona y a modificar arbitrariamente los costos de los servicios, como el agua (hasta 100 pesos por un garrafón), el estacionamiento, la entrada al sitio (de 10 a 20 pesos) y la tarjeta de control sanitario de las trabajadoras sexuales (de 86 a 200 pesos).

Además de lo anterior, los administradores amenazan a las mujeres con no dejarlas trabajar o con proceder a su deportación, en el caso de que sean ciudadanas de otro país, además de extorsionar y robar a los clientes.