Morena presentó su iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que incluye el pase automático del personal de la Procuraduría General de la República (PGR), pero establece que en un año se someterá a evaluación, previa capacitación; contará con un mecanismo de rendición de cuentas y el fiscal podrá crear comisiones especiales para investigar violaciones graves de derechos humanos.

En tribuna, al presentar la propuesta, la senadora Olga Sánchez Cordero destacó: “es preocupante, como ha afirmado en su sentencia el tribunal colegiado del decimonoveno circuito, en el caso lamentable de los jóvenes de Ayotzinapa, ‘que las investigaciones no fueron ni independientes ni imparciales y que carecen de soporte probatorio’”.

Por ello, dijo, los ejes rectores de la nueva fiscalía serán: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, debida diligencia, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, principios de los que adolece la PGR, que además ha tenido una actuación opaca

La iniciativa abundó, busca garantizar los derechos fundamentales de las víctimas, golpeadas por la violencia brutal que afecta nuestro país. A ellas, dijo, les aseguraremos el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición .

La ministra en retiro, propuesta por López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, resaltó que es fundamental para el desarrollo democrático del país contar con una fiscalía autónoma que destierre de una vez por todas los vicios que han sido distintivos de la actual PGR.

En el texto de la iniciativa se destaca que además del fiscal general, se contará con cuatro fiscalías: la de derechos humanos, de delitos electorales, combate a la corrupción y la de asuntos internos.

El nombramiento del fiscal general se realizará como está previsto en el artículo 102 constitucional, es decir, el Senado presentará al Ejecutivo una lista hasta de 10 candidatos, con la que integrará una terna y la remitirá de nuevo al Senado, para que elija al titular.

De igual forma, se señala que el presidente de la República puede removerlo por causas graves, entre ellas cuando de manera sistemática no se cumplan las metas establecidas en el plan de persecución penal, que participe o ataque las instituciones democráticas y la forma de gobierno republicano y federal, que cometa cualquier violación a la Constitución y que participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos.

Asimismo, en el artículo vigésimo transitorio se apunta que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrá atraer cualquiera de los casos de corrupción cuyo trámite hubiese sido iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente su titular.