A un año de la publicación de la Ley Anticorrupción, el sistema local no se ha concretado, aun cuando la sociedad demanda acabar con este terrible mal que ha restado legitimidad a las instituciones gubernamentales, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Augusto Pérez Juárez.

En el curso Introducción al estudio de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas y particulares, destacó que México evidencia altos índices de corrupción en servicios de salud, escuelas y documentación personal.

La puesta en marcha del sistema local, sin embargo, se vio mermado por el desdén político y la falta de visión de Estado, al imponerse cuestiones electorales a la razón institucional, aseguró la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Yasmín Esquivel Mossa.

Este mecanismo ciudadano es la última ventana de oportunidad para recobrar la credibilidad y la legitimidad, por lo que los funcionarios capitalinos no claudicaremos ni nos someteremos al arbitrio de la especulación o la coyuntura política, puntualizó.

Habrá fiscalía especializada

El procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, señaló que se contará con una fiscalía especializada que se encargará de investigar los delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por particulares o servidores públicos.

Señaló que el combate de este ilícito se realizará en el contexto del sistema procesal acusatorio y con los principios de honestidad, legalidad y respeto a los derechos humanos, para lo que se requieren servidores públicos que investiguen las infracciones o delitos y determinar a quién juzgar.

El contralor general, Eduardo Rovelo Pico, informó, por su parte, que en octubre todos los servidores públicos tomarán un curso sobre responsabilidades administrativas para que conozcan sus obligaciones y las sanciones a que se harían acreedores en caso de incurrir en falta.

Mencionó que 277 servidores fueron capacitados para aplicar el nuevo régimen de responsabilidades administrativas y la Ciudad de México es la primera entidad federativa que extiende la capacitación a todo servidor público local.