Moscú. El líder de la oposición al Kremlin, Aleksei Navalny –en lo que podría tomarse como una broma de mal gusto, y en realidad es mucho más grave por lo absurdo de la acusación en su contra–, recibió la noche de este lunes una nueva condena a 20 días de arresto administrativo.

La policía detuvo a Navalny a las cinco de la mañana de este lunes, apenas puso un pie fuera del centro penitenciario, donde estuvo recluido 30 días por haber convocado una manifestación no autorizada el pasado enero.

Se imputa a Navalny, en esta ocasión, una infracción de la ley que al parecer nunca antes se había aplicado contra nadie, acaso por lo difícil que es probar el supuesto delito: incumplimiento del orden para llevar a cabo un mitin que afectó la salud de una persona o causó daños materiales, aun si estas acciones (o falta de las mismas) no son en sí motivo de persecución penal.

Según la juez Yelena Armashina, el mitin permitido el 9 de septiembre se convirtió, a instancias de Navalny, en una marcha no autorizada, y sus seguidores cometieron varios delitos como alterar el tráfico, agredir a dos policías y rayar una patrulla de la policía, establece su sentencia.

Por ello, Navalny es responsable de esa protesta contra el aumento de la edad de jubilación, aunque la convocaron oficialmente dos colaboradores suyos, cuando él ya se encontraba en la cárcel sin posibilidad de comunicarse con el exterior.

Esta inusual condena –desde el año pasado Navalny ha sido encarcelado seis veces por motivos similares– parece un claro mensaje al mayor adversario del Kremlin: debe seguir los pasos de otras figuras de la oposición que tiraron la toalla y optaron por emigrar, o seguirá sufriendo las consecuencias por su obstinación.

En tanto, el partido oficialista Rusia Unida perdió el domingo anterior la segunda vuelta en las cuatro elecciones para elegir gobernador de una entidad federal que estaban pendientes, lo cual confirma el malestar de la población hacia las drásticas medidas –aumento de la edad de jubilación y subida de impuestos, sin reducir el gasto militar ni los privilegios de los funcionarios gubernamentales– que instrumenta el Kremlin para paliar las adversas condiciones económicas.

Además del escándalo en Primorsky Krai, o traducido del ruso Territorio Litoral, donde tuvieron que anularse los comicios y habrá una tercera vuelta, en el territorio de Jabarovsk el candidato del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), Serguei Furgal, se impuso por más de 40 puntos de diferencia a Viacheslav Shport, el gobernador saliente que buscaba la relección.

En la región de Vladimir, la gobernante en funciones, Svetlana Orlova, recibió 20 por ciento menos votos que el vencedor de la segunda vuelta, Vladimir Sipiaguin, también postulado por el LDPR.

En Jakazia, donde el presidente Vladimir Putin gusta de ir a pescar en sus ríos, el gobernador Viktor Zimin renunció por motivos de salud a participar en la segunda vuelta, que se pospuso dos semanas, y ahora los electores tendrán que optar por un candidato del Partido Comunista, Valentin Konovalov, y uno de Rusia Justa, Andrei Filiaguin.

Esas cuatro entidades federales serán gobernadas por militantes de partidos con representación en el Parlamento, tolerados por el Krem- lin, por lo que no es un triunfo de la oposición propiamente, pero no deja de ser significativo que la gente votó contra los dirigentes seleccionados desde Moscú, rompiendo con ello el monopolio del poder que aspiraba a mantener Rusia Unida, a pesar de gozar de todos los recursos del Estado.