Los suizos del cantón de Saint-Gall decidieron ayer por abrumadora mayoría en un referendo prohibir el burka en los espacios públicos, y dos tercios de votantes a escala nacional rechazaron una iniciativa para erradicar el cultivo de alimentos transgénicos.

Casi 67 por ciento de los electores de Saint-Gall, según resultados oficiales, votaron en favor de una nueva ley contra la prenda propia de algunos países musulmanes que cubre el cuerpo y el rostro de las mujeres por completo.

De esta manera, se suma a la vecina región de Tesino, donde en julio de 2016 entró en vigor una prohibición en el mismo sentido.

Cuestión de seguridad

Los legisladores del lugar aprobaron el año pasado un texto que estipula que cualquier persona que se vuelva irreconocible cubriéndose la cara en un espacio público y ponga en peligro la seguridad pública o la paz social y religiosa será multada.

La ley fue aprobada por el parlamento regional con el apoyo de la derecha y centro. Pero los Verdes y la Juventud Socialista la bloquearon y lanzaron el referéndum para que la ciudadanía decidiera.

No existe ninguna ley que regule esta forma de vestir en el conjunto del territorio suizo. El gobierno considera que es un asunto que corresponde decidir a los cantones.

Sin embargo, está previsto que los suizos se pronuncien sobre el tema en un referéndum nacional, probablemente en 2019, después de que un grupo de ciudadanos consiguió reunir las 100 mil firmas necesarias para realizarlo.

La mayoría de los electores suizos vota por correo en las semanas previas a los referendos y los resultados casi definitivos suelen darse a conocer pocas horas después del cierre de las urnas.

A escala nacional, los suizos rechazaron dos iniciativas populares procedentes de los círculos ecologistas y agrarios para exigir una restructuración de la producción agrícola por medio de nuevas normas de producción.

Una de ellas, denominada Por la soberanía alimentaria, preveía transformar la moratoria sobre los organismos genéticamente modificados (en una prohibición definitiva, fue rechazada por 68 por ciento de votantes.

De todas formas, la moratoria, aplicada por un referéndum de 2005 y prolongada tres veces por el parlamento, sigue vigente hasta 2021.

La otra iniciativa, en favor de alimentos producidos en sistemas equitativos, fue rechazada por 61 por ciento de votantes.

El gobierno federal se oponía a las dos iniciativas por riesgo de inflación. “Incrementar exigencias a los productores conduciría a un alza de precios. Y hoy no todo el mundo puede pagar alimentos bio, había dicho el presidente Alain Berset.

En otro tema, 74 por ciento aprobó potestades para que el gobier-no federal amplíe red de vías pa-ra bicicletas.