Desde hace por lo menos tres años, los habitantes de la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco, han sufrido constantes invasiones de tierras ejidales y comunales por ganaderos que se apoderan de sus parcelas mediante agresiones físicas e intimidaciones, en medio de la actitud omisa de las autoridades municipales.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos Para Todas y Todos (TDT), señaló lo anterior y advirtió que de no frenarse esta serie de ataques, existe el riesgo inminente de que ocurra una escalada de violencia mucho mayor.

En charla con La Jornada, el activista explicó que a partir de 2015 han comenzado a darse agresiones de pequeños propietarios –muchos dedicados a la ganadería– contra los indígenas tepehuanos y wixárikas que poseen legalmente las 90 mil hectáreas del territorio de Azqueltán.

A pesar de que los habitantes originarios tienen un acta virreinal de 1773 y un reconocimiento de posesión legal de las tierras emitido por el gobierno del país en los años 40 del siglo pasado, los ganaderos han invadido varias veces su territorio, al permitir que sus animales pasten en dichas zonas, para luego reivindicarlas como suyas.

Los intentos de despojo, afirmó Ríos, se cometen en el contexto de un proceso iniciado en 2015 por el decimosexto tribunal agrario para poner en orden legal la existencia de pequeños lunares de tierra propiedad de ganaderos, en unas 38 mil hectáreas de la comunidad.

Indígenas denuncian intentos de homicidio

Además de permitir que sus reses ocupen las tierras de los indígenas –lo cual provoca que sus cultivos de maíz, calabaza y frijol sean destruidos–, los pequeños propietarios han recurrido a intimidaciones e intentos de desaparición y homicidio contra varias personas; estos delitos son investigados en 15 carpetas de investigación, cuyo inicio pidió la Red TDT.

Frente a ello, las autoridades del municipio de Villa Guerrero han dejado libres a los agresores de los indígenas, lo cual ha generado una sensación de impunidad que anima a los autores de los ataques a seguirlos cometiendo, lamentó Ríos.

Para visibilizar esta situación, la Red TDT denunció el caso ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a quien pidieron que llame al gobierno mexicano a garantizar la integridad de los habitantes de Azqueltán.