n juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al centro de justicia penal federal del estado de México (Almoloya), ordenó el viernes pasado la liberación de tres hombres detenidos en San Felipe (Mexicali), uno de ellos acusado de ser el presunto líder del grupo dedicado a la captura ilegal de totoaba, pez cuyo buche tiene alta demanda en el mercado asiático por sus supuestos efectos afrodisiacos. La totoaba está en veda en el Golfo de California porque su pesca se asocia con la desaparición de la vaquita marina.

Óscar N, alias El Parra, no fue detenido como informó la policía de Baja California (en la calle), sino que fue sacado de su domicilio sin orden judicial. Su defensa pudo demostrar que la familia llamó al 911 para denunciar el allanamiento de hombres armados.

Las autoridades de Baja California lo recapturaron de inmediato y lo remitieron al Centro de Readaptación Social de Mexicali, donde se le seguirá proceso por otro delito, el homicidio de un militar, presuntamente cometido en San Felipe, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Es decir, la policía estatal no cumplió con los procedimientos legales y echó por tierra un caso que supuestamente era importante para las autoridades. Así, no es responsabilidad del juez ni del nuevo sistema de justicia penal que la puerta sea giratoria. En Baja California la violencia va en aumento y la autoridad culpa de ello al actual sistema garantista.

La semana pasada los empresarios del estado solicitaron un amparo federal para evitar que el gobierno estatal gaste 800 millones de pesos en el centro de seguridad y vigilancia C5i. Argumentan que la licitación de ese contrato fue turbia y que no tiene sentido gastar en tecnología si las policías del estado no están capacitadas en aspectos básicos.

El gobernador y los alcaldes responsabilizan a la nueva ley de lo que ocurre en Baja California, pero, como señalan los empresarios, la tecnología no sirve cuando falta capacidad e inteligencia en el primer eslabón del sistema penal: los cuerpos policiacos.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el detenido era uno de los principales objetivos del Grupo de Coordinación de Baja California.