omo se ha mencionado en las dos entregas anteriores, el Plan Puebla-Panamá (PPP) encomendado por Vicente Fox en 2001 al entonces megamillonario Alfonso Romo Garza −futuro jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador−, fue una manifestación genuina de la clase capitalista trasnacional de comienzos del siglo XXI. El PPP fue diseñado en Washington en función de la industria de exportación estadunidense, y el gobierno mexicano participaría en él de manera subordinada a los intereses de la Casa Blanca, Wall Street y las empresas multinacionales con casa matriz en Estados Unidos (EU). La función destinada a Fox fue la de enganchador de los gobiernos de América Central.

Igual que en el Plan Colombia, uno de los propósitos de EU con el PPP fue intervenir en el conflicto político-social de México, para imponer y favorecer a las trasnacionales del petróleo (ligadas a la administración Bush), facilitar la privatización de las terminales aéreas y portuarias, la energía eléctrica, el agua y los hidrocarburos, proteger a los terratenientes empeñados en el desarrollo agroindustrial y ganadero extensivo y, principalmente, apoderarse sin restricciones de las enormes riquezas en biodiversidad de la selva Lacandona, los Chimalapas en los límites de Oaxaca y Chiapas, y el Corredor Biológico Mesoamericano, que llega hasta Panamá.

El PPP respondió a los intereses de seguridad nacional de EU y formó parte de un reposicionamiento geoestratégico del Pentágono en América Latina ante el creciente descontento popular desencadenado por las políticas neoliberales. A eso respondió también la nueva fase de militarización y paramilitarización de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en lógica de contrainsurgencia.

Dos instrumentos clave para la puesta en marcha del PPP fueron el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) forman lo que James Petras llamó entonces la legión extranjera imperial. Fueron las instituciones que utilizaron la Casa Blanca y los acreedores de Wall Street para imponer a México y América Latina el dogal de la deuda externa.

En marzo de 2001, el mago de las privatizaciones salinistas, Jacques Rogo­zinski, entonces director de la Corporación Interamericana de Inversiones, del BID, anunció que destinaría importantes recursos para integrar a México y Centroamérica con infraestructura empresarial. En 2000 México había captado 25 por ciento del financiamiento regional del BID (10 mil millones de dólares). En ese sentido, el PPP era un proyecto que serviría para gestionar créditos; es decir, Washington seguiría usando la política de la deuda condicionada como arma de dominación al servicio de sus intereses imperiales.

El PPP fue concebido como un proyecto de infraestructura empresarial inscrito en el Plan de Seguridad Nacional de EU, y uno de los objetivos de corto plazo fue crear corredores multimodales (carreteras, puertos, aeropuertos, vías ferroviarias) y la instalación de gasoductos y empresas ensambladoras en el sureste mexicano para generar cadenas productivas. Uno de los componentes básicos del PPP era la integración del istmo de Tehuantepec, viejo sueño que EU perseguía desde el siglo XIX.

La ideología del changarrismo social de Fox en el sureste intentó enmascarar una política destinada a convertir a México en país maquilador al servicio de las compañías estadunidenses, con base en la ventaja comparativa de la esclavitud salarial de la mano de obra istmeña y maya. Según el plan, se crearían empleos para una fuerza de trabajo sin capacitación, lo que respondía al interés de las maquiladoras que amenazaban con abandonar la franja ensambladora del norte del país ante los altos costos de producción, la excesiva regulación, el encarecimiento de la mano de obra y la defectuosa infraestructura. Para evitar que las maquiladoras abandonaran el país, Fox y Romo habilitaron el sureste mexicano con una política de exenciones fiscales y subsidios a las empresas, ofreciéndoles mano de obra campesina con sueldos de ganga y sin beneficios sociales.

El PPP ocultaba también una contrarreforma agraria ligada a la destrucción de ramas industriales vinculadas a los productos del campo. El PPP profundizaría la contrarreforma del artículo 27 constitucional, con el objetivo de enajenar tierras que seguían bajo el régimen ejidal o comunal para, una vez privatizadas, destinarlas a una agricultura de plantación que necesitaba de grandes extensiones para cultivarlas de manera tecnificada. Dicho proceso llevaría a un nuevo régimen de latifundios, en beneficio de monopolios y oligopolios multinacionales que se habían propuesto transgenizar y controlar la producción alimentaria del planeta. Como se dijo antes, una parte oculta del PPP era permitir la biopiratería de fundaciones y corporaciones como DuPont, Monsanto, Novartis, Diversa y Pulsar, de Alfonso Romo.

Otra fórmula novedosa que contenía el PPP fue la asociación de empresas de inversionistas tipo Alfonso Romo, Carlos Slim o Lorenzo Zambrano –financistas de la campaña electoral de Fox− con agricultores de la región, fueran ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios: estos últimos pondrían la tierra como capital y contarían con la opción de trabajar en su propiedad a cambio de un salario.