Para María Eugenia Padilla, quien desde octubre de 2010 busca a su hijo Christian Téllez, levantado por la policía intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, su averiguación es un viacrucis: Cuando buscamos una explicación acerca del paradero de nuestros hijos pensamos en la delincuencia organizada, pero ahora también culpamos a las autoridades por no tener un manejo profesional y respetuoso de los cadáveres.

Cada vez que ve en las noticias información sobre fosas –o ahora las imágenes de cadáveres apilados en un tractocamión– se angustia y se desespera por saber si entre ellos está su hijo, pero sobre todo lamenta que ese problema con seguridad no sólo se da en Jalisco o Veracruz, sino en casi todo el país.

El viernes pasado un grupo de familiares de personas desaparecidas acudió a la representación de Jalisco en Ciudad de México a expresar su repudio por esa situación y para exigir un manejo profesional para la identificación de los cuerpos, pero no obtuvieron respuesta porque ya no había ningún funcionario que los atendiera.

Detrás de la reja de la casona ubicada en Polanco, una joven les dijo que si querían podían volver el martes, que es cuando regresan. Fuimos a entregar una petición y exigencia por escrito; es necesario que procedan correctamente con las pruebas genéticas porque quién nos puede asegurar que ahí no están nuestros familiares, comentó.

En Veracruz ocurre lo mismo: no tienen el material adecuado para la identificación de los cuerpos. El personal no está lo suficientemente capacitado y tampoco tienen un banco de ADN. De la misma manera, al no tener dónde alojar a tantos cadáveres los arrojan, sin identificar, a fosas comunes, incluso fuera de la norma de panteones municipales, como ocurrió en Morelos.

María Eugenia convalece de una fuerte enfermedad y no ha dejado de buscar a su hijo, quien lleva ocho años en calidad de desaparecido.

Después de mucho esfuerzo logró que el expediente fuera atraído por la Procuraduría General de la República, donde tampoco le reportan avances de ningún tipo.