El perdón que el sultán de Johor otorgó tres connacionales sentenciados a muerte por narcotráfico en Malasia es un avance en materia de protección de los mexicanos en el extranjero y en la lucha por la abolición de la pena capital en el país asiático, apuntó Raquel Aguilera, subdirectora de Programas de Amnistía Internacional, México.

En entrevista, señaló que el caso de la conmutación de la pena de muerte de Simón, Luis Alfonso y José Regino González Villarreal, originarios de Sinaloa, por cadena perpetua, ocurre a dos meses del anuncio realizado por Datuk Seri Nadzri Siron, vicesecretario general del Ministerio del Interior, en torno a que el gobierno de Malasia suspendió la ejecución de la condena a muerte de 17 personas.

De acuerdo con cifras reveladas por la subdirección del Departamento de Prisiones, en Malasia hay mil 267 personas sentenciadas a muerte, de las que 442 han concluido sus recursos judiciales.

Raquel Aguilera explicó que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia.

En todos los países del mundo donde existe pena de muerte es necesario que el gobierno garantice las distintas maneras de proteger a las personas mexicanas que viven en estas naciones, señaló.

Consideramos importante que el Estado mexicano también garantice el seguimiento de lo que ocurrirá con estos connacionales una vez que ha sido conmutada esta pena.

Por otro lado, la internacionalista y presidenta del Foro de Justicia Internacional, Mónica Rocha, explicó que, con el perdón, el Estado mexicano logró su cometido y alcanzó justicia en los términos en los que hablan los estados, es decir, el derecho internacional.

Expresó que la condonación de la pena es un avance para la diplomacia mexicana, pues se pueden tomar como referencia otros casos en que los connacionales han sido ejecutados, como el de Rubén Cár-denas Ramírez, cuya pena de muer-te fue materializada en noviembre de 2017 en la prisión de Huntsville, Texas, en Estados Unidos.

Mónica Rocha, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) destacó que el gobierno mexicano es muy respetuoso del derecho doméstico de otros estados, por lo que ve poco probable que acuda a otras instancias para modificar la sentencia dictada por las autoridades malayas. Destacó asimismo que que no existe tratado de extradición entre ambas naciones.