Los diputados federales ven agotarse el plazo para integrar las comisiones ordinarias, porque esperan un acuerdo entre sus coordinadores para modificar la Ley Orgánica del Congreso, con la finalidad de reducirlas de 56 a 48 o 46, según las propuestas para reformar esa norma.

El último día de este mes vence el plazo legal y la negociación para resolver la integración de los grupos de trabajo se ve obstaculizada porque en la propuesta de Ley Orgánica que presentó el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, se contempla reducir el número de comisiones a 46. Esto conllevaría que la participación de los 500 diputados en esas instancias se redujera.

La norma vigente contempla el funcionamiento de 56 comisiones, lo que implica la distensión de los intereses de cada uno de los diputados por participar en comisiones específicas, sobre todo aquellas que tienen influencia a la hora de la negociación del presupuesto anual para la administración federal.

Una vez que se resuelva el diferendo, los legisladores federales, y en particular sus coordinadores, estarán en posibilidad de negociar la distribución de las presidencias, las secretarías y los lugares de cada comisión. Se espera que esto ocurra a partir del martes próximo.

Pláticas en pasillos y curules

Las pláticas informales –entre los pasillos y curules del salón de plenos– que ayer se observaron entre los dirigentes parlamentarios, hicieron notar el interés existente por el citado reparto. A Morena, que es la principal fuerza representada en San Lázaro, corresponderán las de Presupuesto, Gobernación, Infraestructura y Radio y Television, entre otras. Al PAN se reservaría la de Hacienda, mientras el PRI, a pesar de ser un grupo minoritario, con 45 legisladores, pretende quedarse con la de Gobernación y Puntos Constitucionales. En tanto, el Partido del Trabajo contempla presidir la de Vigilancia.

A esto se añade que en la propuesta de Porfirio Muñóz Ledo también se prevé que sea la mesa directiva la encargada de elaborar el orden del día, hecho que implicaría que la Junta de Coordinación Política dejara de tener injerencia en ello.