La puesta en venta de maquinaria de construcción abandonada en sinnúmero de municipios de Veracruz, a manos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, generó encono en la Cámara de Diputados, donde incluso su primo Héctor Yunes Landa (PRI) acusó al mandatario de ser peor que Javier Duarte de Ochoa, mientras el PAN reviró al ex candidato priísta: usted no tiene vergüenza, ni pudor.

Otra vez, se ausentaron los argumentos políticos durante la larga sesión ordinaria en el salón de plenos de San Lázaro. Lo relevante fue la aprobación de una solicitud al titular de la Secretaría de Hacienda para que informe en torno a la situación de gravedad financiera en que se encuentran las universidades públicas de Chiapas, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, donde más de medio millón de alumnos corren riesgo de ver suspendidas sus actividades académicas.

En San Lázaro se vio de todo. Ricardo Gallardo, quien es coordinador de los 20 diputados del PRD, evidenció su pleito con el castellano, cuando desde tribuna pretendió que el pleno aprobara su propuesta para aumentar el salario mínimo a escala nacional: “celebramos también que el presidente electo haya ponido en su agenda …”. Eso le valió la rechifla y el reclamo desde las curules, incluso en el diario de debate le hicieron un flaco favor al corregirle su equívoco, sustituyendo ponido por puesto.

La recomposición de los órganos de mando y administración en la Cámara se acompaña de una dilación –que se trasluce en cada nueva legislatura– en elaborar el calendario de las comparecencias de los actuales funcionarios federales que acudirán a responder la glosa del sexto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

También se anunció que en la última semana de octubre se realizará la Convención Nacional Hacendaria, que reunirá a legisladores federales y de todos los congresos locales, con la finalidad de dar viabilidad a la recaudación y al gasto gubernamental.

Así, en su turno, Dorheny García Cayetano (Morena) presentó el exhorto a Miguel Ángel Yunes “para que, en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se abstenga de realizar enajenación alguna de bienes muebles que represente daño a la hacienda pública de Veracruz o un acto de sabotaje a las capacidades operativas de la próxima administración.

Desde la convocatoria, esta venta irregular de los bienes muebles de la secretaría puede presumirse como acto de sabotaje y una disminución de operatividad para la próxima administración, al no estar en condiciones de verificar los contratos de compraventa y mantenimiento de la maquinaria subastada, incurriendo así en un daño patrimonial del estado. Se considera de vital importancia transparentar este procedimiento para dar certeza a la comunidad veracruzana, adujo la diputada.

La mención de Yunes Linares y de Javier Duarte de Ochoa fue campo propicio para la polémica. Héctor Yunes se montó en ella y salió atropellado también. De los calificativos de corrupción, ausencia de transparencia, enriquecimiento ilícito y sinvergüenza se matizaron los señalamientos en torno a los Yunes y Duarte sin que imperará defensa honrosa de alguno de ellos.