El Estado mexicano considera que la Ley de Seguridad Interior y las reformas estructurales del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dan respuesta a recomendaciones de derechos humanos que surgieron del segundo ciclo del Mecanismo de examen periódico universal.

México será evaluado por tercera ocasión con esa herramienta del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre próximo y para ello, en agosto pasado, presentó su informe relativo al avance en la atención de las recomendaciones derivadas de la segunda revisión, efectuada en octubre de 2013.

El reporte del Estado mexicano consta de 169 puntos expuestos en 24 páginas.

En materia del marco normativo e institucional, en el documento se argumenta que a raíz de la reforma constitucional de 2011 –que reconoció jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México–, se aprobaron cambios en materia laboral, educativa, hacendaria y social, de transparencia y acceso a la información, energética, financiera y de competencia económica, cuyo propósito es impulsar el desarrollo económico y social para la plena realización de los derechos humanos.

Desde el último examen periódico universal, el Estado mexicano consideró la promulgación de 15 leyes y reformas, como los principales avances normativos e institucionales. Entre ellas destaca la criticada por organismos defensores de derechos humanos Ley de Seguridad Interior, de la cual se argumenta: regula y dota de certeza jurídica la actuación de las fuerzas armadas mexicanas durante amenazas a la seguridad que rebasan las capacidades de las autoridades locales.

El gobierno puntualiza en texto que aplicación de esta norma está suspendida y se encuentra bajo revisión judicial. Otros avances en este rubro que son destacados son la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sobre las sugerencias hechas en materia de igualdad de género, entre otros puntos, el Estado mexicano dio cuenta de la creación de una fiscalía especial para los delitos de agresiones contra mujeres y trata de personas. También menciona que, de 2015 a la fecha, se declararon 13 alertas de violencia de género, de 27 solicitadas.